"Mi padre tenía la dependencia reconocida y nunca la llegó a recibir"

El aragonés José María Navarro, de 94 años y dependiente severo, falleció hace apenas un año sin poder disfrutar de una plaza de residencia. Tenía reconocida esta ayuda desde 2014, y nunca la llegó a recibir. "Habíamos pedido una plaza de residencia para él y para mi madre, porque no podían estar separados", cuenta su hija Carmen, quien se turnaba con sus hermanos para que sus padres estuvieran atendidos en el piso, donde tenían una persona contratada las 24 horas al día (salvo fines de semana y su mes de vacación en verano).

Ahora su madre, Blanca Bueno, de 86 años y enferma de alzhéimer, vive en una residencia privada cuyo coste afronta la familia mientras permanece a la espera de una segunda valoración. "Tardaron nueve meses en hacerlo e inmediatamente recurrimos para que la valorasen de nuevo porque consideramos que su situación mental se ha deteriorado tras la muerte de mi suegro y lo demostramos con un informe médico", señala su yerno, Ángel Sanz. Profesor jubilado de la Facultad de Trabajo Social, forma parte del Espacio de Información, Orientación y Defensa de los Derechos sociales, una plataforma que trata de reivindicar y luchar por los derechos de las personas dependientes.

Según relata, en su misma situación hay cerca de diez mil casos, algunos de los cuales llegan a este punto de encuentro en busca de apoyo o asesoramiento para poder acceder a una ayuda. "Por suerte, mis suegros tenían una pensión de mil doscientos euros y algunos ahorros, pero uno de los casos que presentamos el otro día es el de una muchacha que tiene a su madre en una residencia que están pagando ella y su hermana. Ahora han agotado sus ahorros y la residencia les quiere seguir cobrando, así que o sacan a la madre de la residencia y si se la llevan a casa tienen que dejar de trabajar, porque necesita atención 24 horas, o no hay más opción para ella", lamenta Sanz.

Al conocer la situación de la lista de espera por dependencia en Aragón, este jubilado reconoce que "los datos son buenos", pero insta a ver el lado "oculto" de la historia, y es que parte de la reducción que se ha hecho en las listas de espera asegura que se ha logrado concediendo servicios de ayuda a domicilio "precarios en número de horas, que no solucionan el problema de las familias".

En el caso de su suegra, cuando pidieron la primera valoración tenían una persona contratada que vivía con ellos en el domicilio. "El cuidador nos costaba mucho más que la pensión que él tenía y de no ser por sus ahorros, tendríamos que estar poniendo dinero", cuenta este matrimonio.

Ahora, tras el fallecimiento de su padre, Carmen Navarro y sus hermanos tienen derecho a solicitar una compensación "por haber sido desatendidos por el sistema, algo que solo pueden hacer los herederos, una vez reconocidos como tales", indican.

El proceso es "costoso", pero hace poco que lo han conseguido. Ahora, desde el Espacio de Información, Orientación y Defensa de los Derechos Sociales pelean por sacar adelante otros casos y ayudar así a otras familias en su misma situación. "Tenemos un caso que hemos llevado a los tribunales y les han dado la razón; han calculado el coste de la prestación económica vinculada al servicio que les hubiera correspondido y se lo pagan a los herederos. Aquí hay gente pagando que no tendría por qué hacerlo si el sistema de la dependencia fuera el adecuado. Por eso, hay que reclamar permanentemente, estar unidos y hacer presión ante las administraciones porque se trata de la defensa de nuestros derechos", sentencian.

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