El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de Memoria Democrática, un texto que será llevado "de inmediato" a las Cortes y que podría ser aprobado a finales de año.

La propuesta, según ha detallado Vicente Guillén, portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, contempla un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para quienes atenten contra la memoria democrática.

Habrá infracciones leves (de 200 a 1.000 euros), graves (de 2.001 a 10.000) y muy graves (de 10.000 a 150.000). También habrá 'castigo' para los ayuntamiento que no cumplan, que no podrán optar a subvenciones.

"El proyecto se basa en los principios de verdad, igualdad y reparación", ha dicho Guillén, al tiempo que ha adelantado que el texto establece "una consideración amplia de las víctimas" que hace especial énfasis en colectivos "poco visibilizados". Se protegerán, asimismo, los lugares y rutas turísticas de Memoria Democrática de Aragón, que serán catalogados como Bien de Interés Cultural.

El consejero ha destacado la "amplia participación" del proceso y ha adelantado que, de cara al próximo ejercicio, se elaborará un censo de símbolos franquistas. También se hará una revisión de contenidos del currículum educativo y se fomentará el asociacionismo.