La DGA convoca las ayudas de alquiler social y a la rehabilitación

El Gobierno de Aragón publicará este jueves la convocatoria de ayudas de alquiler social y a la rehabilitación de la vivienda, cuyo importe aumenta a los 17 millones de euros y su resolución queda condicionada a la firma del preceptivo convenio con el Ministerio de Fomento. Así lo ha adelantado este miércoles la directora general de Vivienda de la DGA, Mayte Andreu, quien ha confirmado que el plazo de solicitud se limitará a un mes para garantizar que los técnicos puedan informarlas antes de finalizar octubre, como exige Madrid.

Andreu se ha mostrado convencida de que el Ministerio firmará los convenios con Aragón y el resto de comunidades autónomas a lo largo de este mes, lo que dará el respaldo definitivo a la “apuesta importante” por estas ayudas. Así, el programa de rehabilitación dispondrá del doble de fondos que en la anterior convocatoria, 10,1 millones, lo que permitirá incrementar el importe subvencionable hasta los 11.000 euros por vivienda. Ante la demora en la convocatoria, los beneficiarios podrán acometer las obras de conservación, eficiencia energética y accesibilidad hasta octubre del próximo año. “Hablamos de generar empleo y una mayor actividad, además de apoyar un modelo de ciudad compacta”, ha dicho.

Las actuaciones que se subvencionarán afectarán únicamente a los elementos comunes de edificios de uso residencial colectivo, con dos o más viviendas, que se haya construido antes de 1981 y su uso principal sea la vivienda. Además, más del 70% de los pisos deberán ser residencia habitual de sus ocupantes. Andreu ha aclarado que se admitirán obras iniciadas, siempre que no hayan terminado antes del final del plazo de presentación de solicitudes, es decir, antes del 14 de agosto.

En el caso de las ayudas al alquiler, el presupuesto crecerá un 18% para alcanzar los 7 millones, lo que podría cubrir todas las solicitudes del año pasado, cuando 675 de las 5.534 personas que cumplían los requisitos se quedaron sin subvención pública. Además, permitirá cubrir todo el año y no solo nueve meses. Los que opten, deberán demostrar estar al corriente de pago de los alquileres y los adjudicatarios podrán cobrar el primer semestre en noviembre una vez presenten los justificantes. El resto de condiciones son las mismas de la pasada convocatoria, que se limita a unidades familiares con unos ingresos de entre 0,5 y 3 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Es decir, sus rentas deberán oscilar entre 3.700 y unos 22.000 euros al año. Igualmente, el alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales y la subvención alcanzará un 40% del importe.

La directora general de Vivienda ha destacado dos novedades, como son la confidencialidad en la publicación de los beneficiarios (se les dará un número identificativo), la comunicación por SMS, correo electrónico o postal, y la presentación de solicitudes mediante PDF autorellenable. Para ello, se habilitarán puestos con ordenadores en las subdirecciones provinciales de Vivienda y, como refuerzo en Zaragoza, en la sede de la DGA de Franco y López.