Tercer Milenio

En colaboración con ITA

Mari Cruz Soriano, condenada por construir un chalé ilegal en Tarragona

Tenía licencia para rehabilitar una masía abandonada, pero la tiró y levantó otra en un paraje protegido de El Perelló. La Audiencia sanciona también al exalcalde y constructor Salvador Pallarés (CIU), que hizo las obras por 70.000 €.

Construcción ilegal a día de hoy situada en un paraje protegido. Joan Revillas (Diari de Tarragona) | El paraje en 2011. HA
Construcción ilegal a día de hoy situada en un paraje protegido. Joan Revillas (Diari de Tarragona) | El paraje en 2011. HA

Mari Cruz Soriano, esposa del exalcalde socialista de Zaragoza Juan Alberto Belloch y conocida presentadora televisiva y pianista, ha sido condenada por la Audiencia de Tarragona a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio en Cataluña. Según informó ‘Diari de Tarragona’, junto a ella ha sido condenado a idéntica pena y por el mismo delito el constructor y exalcalde del municipio de El Perelló (Tarragona), Salvador Pallarés (CIU), al que le encargó que le levantara un chalé en un suelo no urbanizable de especial protección por su valor forestal y paisajístico. La sentencia es firme.

Soriano únicamente disponía de una licencia para rehabilitar una masía en ruinas situada en el mismo paraje, pero la derribó y reutilizó las piedras para hacer la nueva construcción. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Soriano para recabar su opinión, pero hasta el momento ha resultado imposible.

La sentencia había sido dictada en primera instancia por el juzgado penal número 1 de Tortosa y acaba de ser confirmada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona. Los hechos se remontan a octubre del año 2009, fecha en la que el Boletín Oficial de la provincia publicó la solicitud de licencia de reforma para un masía situada en las parcelas 118, 173 y 174 de la finca Más de l’Ampollero, en la partida denominada Figuerasa.

Dicho trámite fue instado por la propia Mari Cruz Soriano Roales y, según ha podido comprobar también HERALDO, en el catálogo de masías y casas rurales del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que el consistorio tarraconense aprobó inicialmente en febrero de 2011, la edificación presentaba un estado muy deteriorado y carecía de cualquier tipo de servicio. En la actualidad, sin embargo, es un flamante chalé enclavado en un entorno natural paradisiaco de la comarca del Bajo Ebro, con unas privilegiadas vistas al delta del Ebro.

Tras año y medio de tramitación y solo dos meses después de la aprobación inicial del POUM, el Ayuntamiento concedió la licencia de rehabilitación, pero con la prescripción de mantener la masía preexistente al estar en un suelo de especial protección por su valor forestal y paisajístico. Sin embargo, en enero de 2012 la famosa presentadora y ahora empresaria firmó un contrato con la empresa Solvent S. L., cuyo representante era precisamente Salvador Pallarés. En dicho proyecto ya se contemplaba la demolición de la estructura original, si bien conservando la piedra de las paredes para su posterior reutilización en la nueva edificación.

De este modo y poco después, la empresa procedió al derribo y a la construcción de una nueva casa residencial en un emplazamiento distinto pero dentro de la misma finca protegida, a escasos metros de la primera masía. Las obras fueron llevadas a cabo por Construcciones Pallarés, de la que era administrador único Salvador Pallarés, Por el conjunto de los trabajos, Soriano realizó pagos por valor de más de 70.000 euros.

Un chalé ilegal e ilegalizable

La parcela se encuentra en la actualidad a nombre de una hija de María Cruz Soriano, pero no hay constancia de que participara en los hechos o tuviera conocimiento de los mismos, por lo que queda excluida de cualquier responsabilidad. La construcción resultante, además de ilegal, es ilegalizable puesto que el paraje donde se levanta es un espacio natural protegido. Además del año y medio de prisión, ambos condenados deben pagar una multa de 2.880 euros y cumplir un año de inhabilitación para ejercer como promotores o constructores.

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