El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley en la que instan al Gobierno autonómico a modificar los artículos del decreto que regula la celebración de espectáculos públicos y actividades ocasionales y extraordinarias que plantean dificultades de interpretación.

El objetivo es "garantizar las actividades" que los municipios aragoneses realizan, en muchos casos desde hace muchos años, coincidiendo en gran medida con las fiestas patronales, según indica la iniciativa, presentada por el PP y apoyada por todos los grupos.

Igualmente, las Cortes de Aragón han instado al Ejecutivo a llegar a acuerdos con los ayuntamientos para dar la oportuna seguridad jurídica, compatibilizando la seguridad de los espectáculos públicos con la realización de estos eventos.

El diputado del PP, Fernando González, ha explicado que este decreto, que entró en vigor en abril, "crea problemas a los municipios a la hora de realizar eventos y tener seguridad jurídica" y eso ha obligado a algunos a "dejar de efectuarlos al no poder entenderlo y por sus muchas trabas".

Como ejemplo, ha comentado que para un evento musical con un aforo de más de mil personas se obliga a tener tornos y cámaras de vídeo y ha vaticinado que si no se cambia "va a haber más suspensión de actos", cuando "los pueblos tienen derecho a tener sus actividades para que "tengan vida" y ha mencionado, igualmente, "dificultades" de aplicación para asociaciones y colectivos.

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha sostenido que este decreto tiene como finalidad "aportar seguridad jurídica" y si para lograrla es necesario modificarlo, ha asegurado que no habrá reparos, si bien ha aclarado que el documento "es fruto de un trabajo largo en el tiempo, meditado" y que ha sido sometido a informes jurídicos y a exposición pública.

El parlamentario de Podemos, Carlos Gamarra, ha comentado que "vistas las fechas en las que estamos" y puesto que en verano se organizan muchas actividades de este tipo, este decreto "debe tener una clarificación", bien sea una modificación o "de otro tipo", para apuntar que el borrador salió hace más de un año y en la redacción final "no se han solucionado los problemas".

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha argumentado que a la hora de legislar hay que "tener en cuenta la realidad de los pueblos de Aragón" y se ha mostrado partidario de suspender el decreto y elaborar uno nuevo, para enfatizar que "tan importante es velar por la seguridad de las personas, como que fluyan las fiestas de los pueblos", en una Comunidad con 731 municipios, de los que solo 24 pasan de 5.000 habitantes y 532 tienen menos de 500.

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha considerado que hay que "establecer exigencias para lograr seguridad y calidad, pero evitar que estas produzcan efectos no deseados" y "da la impresión de que cumplir al pie de la legra el decreto es imposible" por lo que ha pedido "estudiar alternativas para que no desaparezcan celebraciones".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido por el grupo mixto, se ha mostrado de acuerdo en lograr acuerdos con los ayuntamientos para "garantizar la seguridad e integridad física de las personas que acuden a este tipo de eventos" porque "las medidas de seguridad se tienen que dar en todos los sitios", para remarcar, igualmente, la importancia de que "se puedan celebrar" y subrayar que el Gobierno de Aragón "no va a tener inconveniente en corregir ese decreto".