Los futuros contratos de quienes entren a trabajar en el sector público en España bajo la modalidad de interino (u otro tipo de temporalidad) sólo podrán prolongarse durante un máximo de tres años. Así se contempla en una enmieda del PP para los Presupuestos Generales del Estado que ha sido apoyada por Ciudadanos y que se espera salga adelante con la ayuda de otros grupos.

La medida recoge que la duración de los contratos temporales "no podrá ser superior a tres años" y que no se permitirá a una misma persona encadenar varios por un período superior al citado trienio. Una circunstancia que, según explica el texto, "deberá quedar debidamente reflejada" en el acuerdo laboral escrito. El grupo popular busca adaptar la norma a la europea para evitar un nuevo varapalo del Tribunal Europeo de Justicia en materia de contrataciones en la función pública.

La mera idea y su plasmación en una enmienda no ha gustado nada dentro del sector, donde se ha generado "una importante inquietud", según apunta Pablo Asín, presidente de CSIF en Aragón. De hecho, asegura que "el sindicato ya está hablando con los distintos grupos parlamentarios y trabajando para que el texto se modifique porque es desmesurado y excesivo, no tiene razón de ser".

La medida se aplicaría en todos los niveles de la Administración, también en el ámbito autonómico, municipal y universtario. En cualquier caso, Asín subraya que "de aprobarse finalmente, sólo afectará a las nuevas contrataciones, no a los que ya son interinos".

El documento propuesto por el PP restringe en gran medida este tipo de empleos en el sector público: "No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", recoge el texto. En este ámbito entrarían sectores en los que actualmente la presencia de interinos es más elevada

En Aragón, la interinidad alcanza el 29% en la Administración general, el 40% en el sector sanitario y el 30% en Educación. Según los datos facilitados por la dirección general de la Función Pública, al cierre de 2016 había 53.003 empleados públicos en la Comunidad.

Reducir la temporalidad

La medida incluida en la enmienda va en la misma línea que el plan presentado por el Ministerio de Hacienda y pactado con los sindicatos para reducir la temporalidad en la administración del 25% al 8% en un plazo de tres años. Para ello, el Gobierno sacará a concurso el 90% de las plazas interinas (unos 250.000 puestos), principalmente en tres sectores, Sanidad, Educación y Justicia, así como en los servicios sociales, la Policía Local, la gestión tributaria y recaudación y la inspección de servicios.

A esto se suma la extensión de la tasa de reposición del 100% a más ámbitos de la Administración General del Estado con atención directa al ciudadano como los Servicios Públicos de Empleo.