La respuesta frente a una decisión judicial que se estima injusta pasa por la presentación de un recurso. La declaración política convertida en expresión de disconformidad, lejos de mostrarse como una salida natural, suele terminar por enredarse en el proceloso mundo de la exculpación personal, siempre próxima al ataque contra la legitimidad e independencia de los tribunales. La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que no goza de una especial fortuna cuando transita por los juzgados, lleva semanas responsabilizando a la Justicia de haber maniatado su capacidad para planificar el mapa educativo aragonés. Las declaraciones de Pérez, que buscan advertirnos de la supuesta situación de "indefensión absoluta" en la que se encontraría la Administración autonómica, obligaron a intervenir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, quien, sin costumbre de lidiar con estas cuestiones de naturaleza política, explicó con sencillez meridiana la "naturaleza ordinaria" de todas las medidas cautelares adoptadas con respecto a la educación concertada.

Sufre en exceso la Justicia –mal dotada y aún pendiente de una reforma que garantice su agilidad– cuando padece los ataques de los políticos, pero más sufren los políticos cuando ignoran que deberían ser ellos mismos los primeros interesados en proteger la independencia de los tribunales. La judicialización del conflicto de la educación concertada, sin marcha atrás y habiendo reventado todos los puentes de negociación, ha venido provocada por una torpe estrategia que permitió colocar en el primer escalafón del debate la exigencia de Podemos para lograr el acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos. Convertidas las aulas de la concertada en moneda de cambio, e incomprensiblemente mostradas a la opinión pública como tales, los centros optaron por defender sus derechos acudiendo a los tribunales.

Reconocido y asumido por el Ejecutivo regional el error de verbalizar el contenido del acuerdo con los podemistas, se activó, en una absurda defensa, un ataque hacia las medidas cautelares que comenzaron a tumbar las decisiones del departamento de Educación. Los autos, que se sumaban a los varapalos anteriores sufridos por la consejera (colegio Ánfora o mantenimiento del horario de la clase de Religión), fueron criticados desde una visión estrictamente política, sin reparar en que el argumentario jurídico básico se sostenía en la defensa de un derecho fundamental como es la educación y en el que los afectados son los niños.

El Parlamento regional ha vivido, en las dos últimas sesiones de esta semana, un elevado grado de tensión –por este y otros asuntos– que ha permitido que el titular informativo caiga, nuevamente, del lado de Javier Lambán. El presidente aseguró que la última decisión de los jueces sobre los conciertos costará a las arcas aragonesas una cifra próxima a los 10 millones de euros. El arriesgado análisis del presidente puede ser discutible, pero culpabilizar a los tribunales del devenir económico de la Comunidad se convierte en una derivada realmente delicada procediendo de un líder autonómico. No hay duda de que la planificación educativa se ha convertido en el principal problema de este Gobierno –causa indiscutible de un inesperado desgaste–, pero lo que no parece muy oportuno es dudar públicamente de la independencia judicial.