Lambán dice que la decisión de los jueces sobre la concertada va a costar 10 millones

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este viernes que las últimas decisiones de los tribunales, en la que ordenan el mantenimiento del concierto en siete aulas que el ejecutivo pretendía dejar de concertar, van a costar a las finanzas aragonesas en torno a diez millones de euros.

Eso supone, ha añadido Lambán en respuesta a una pregunta que le ha formulado el presidente del PP, Luis María Beamonte, en el pleno de las Cortes, la construcción de dos escuelas públicas. "Y eso sí que es despilfarrar recursos públicos", ha considerado.

Beamonte le ha preguntado por si su Gobierno ha considerado "alguna alternativa diferente a la fractura, para respetar la libertad de las familias," y para llegar a un gran pacto educativo.

El presidente se ha referido en su contestación a la decisión de los jueces de ordenar el concierto en las aulas en las que se pretendía eliminar, que el ejecutivo justificaba en el resultado del proceso de escolarización y en el ejercicio de sus competencias en materia de planificación de los recursos públicos.

Lambán lamenta que "impidan" al Gobierno tomar decisiones

Aunque las cautelarísimas dictadas por los jueces lo han sido en el "libérrimo ejercicio" de sus competencias, Lambán ha lamentado que "impidan" al Gobierno tomar decisiones, por ejemplo, en un centro donde el 95% de los alumnos viven a más de tres kilómetros de distancia o en otro donde solo hay cinco alumnos matriculados en primero de Infantil.

"En otro tiempo la justicia decía que debía de prevalecer la planificación administrativa a la hora de reordenar los recursos", ha recordado Lambán, quien ha sugerido que esta premisa podría ser "un buen punto de partida" para pergeñar el pacto educativo.

Y es que, ha agregado, si en materia educativa hay que replantear la oferta porque disminuye la demanda, los poderes públicos no deberían "renunciar a sus propios recursos y sí a concertar con recursos privados", como es el caso.

El PP-PAR cerró "indiscriminadamente" aulas públicas

Lambán ha rehusado, por otro lado, que las decisiones de su Gobierno estén causando una fractura social, algo que sí que ha achacado al anterior ejecutivo PP-PAR, que cerró "indiscriminadamente" aulas públicas, al mismo tiempo que las abría concertadas, que despidió a mil docentes y que recortó "brutalmente" los presupuestos.

Además, el presidente ha asegurado que en materia educativa, lo que debe de prevalecer es el ejercicio de la potestad de planificar de la administración, para garantizar la prestación del derecho en igualdad de condiciones y, a continuación, garantizar la libertad de elección.

En toco caso, esta "no debe de estar muy vulnerada" cuando más del 95% de los niños han obtenido la plaza educativa que sus familias solicitaron en primera opción.

Para el PP, estas decisiones "fracturan a la sociedad"

Sin embargo, para Beamonte estas decisiones sobre la concertada "fracturan a la sociedad y hacen daño a las familias y a la escuela pública".

Primero se "condicionó" la libertad de elección y después se tuvo la "osadía" de castigar a las personas que salieron a la calle, y todo, según Beamoente, por un "chantaje" planteado por Podemos para apoyar lo presupuestos de la comunidad para 2017.

Se ha preguntado, por ello, si no es posible "bajar el balón al suelo y dejar de echar la culpa siempre a los demás", para actuar "con normalidad, sin enfrentamientos, con seriedad y sin sobresaltos".

Ha agregado que no se trata de un problema exclusivamente ideológico, sino que afecta al conjunto de la sociedad, y Lambán tiene "la obligación de pensar en todos y no solo en una parte".

"Esperamos poder recuperar el tono de normalidad y llegar a un escenario donde el pacto sea posible", ha concluido Beamonte.