La vigilancia de nueve instalaciones del Ministerio de Defensa situadas en diferentes puntos de Aragón cambia de manos. Será la empresa canaria Marsegur la que se encargue de prestar los servicios que, desde el año 2014, prestaban las compañías Seguridad Integral Canaria y Proman Servicios Generales. El presupuesto del nuevo contrato, formalizado definitivamente hace unos días y que se extenderá inicialmente por un año, se acerca a los 19 millones de euros y su adjudicación no ha estado exenta de polémica.

Lo primero que puede llamar la atención de este procedimiento es el hecho de que Defensa, el Ejército, tenga que echar mano de empresas de seguridad privada para proteger sus instalaciones. Pero lo cierto es que esto no es nuevo. La externalización de la vigilancia de instalaciones comenzó en la etapa de la recientemente fallecida Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa. Antes, con Federico Trillo en el sillón de ministro, ya se habían dado algunos pasos en este sentido.

El caso es que ya en 2009 se adjudicó un contrato para la custodia de polvorines. Cinco años después, en septiembre de 2014, se contrató también este tipo de servicios para cuarteles, residencias oficiales y otras instalaciones. Este procedimiento, que se adjudicó a las empresas Seguridad Integral Canaria y Proman Servicios Generales, es el inmediatamente anterior al adjudicado definitivamente esta semana, que tiene idéntico objetivo y se ha llevado la empresa canaria Marsegur.

Cerca de 200 edificios y acuartelamientos

Las instalaciones cuya seguridad cambiará de manos se acercan a las 200 y entre ellas figuran las nueve aragonesas. Para ubicar a la mayoría no hace falta salir de la capital, ya que cinco están situadas dentro de los límites municipales de Zaragoza: se trata de Capitanía General, la subdelegación de Defensa, el acuartelamiento San Fernando, la Base San Jorge y el Hospital General Militar. La sexta instalación zaragozana es la base Barón de Warsage, en Calatayud. Las dos restantes son las subdelegaciones en Teruel y Huesca y la residencia militar Mallo Blanco, situada en Jaca.

El presupuesto anual del contrato recientemente adjudicado es bastante significativo, pues se acerca a los 19 millones de euros, según se puede ver en la información publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La mayoría de turnos de vigilancia que se realizarán en el marco de este contrato se realizarán con armas, de acuerdo a lo establecido en los pliegos elaborados por Defensa. Estos también obligan a la adjudicataria a subrogar al personal que actualmente está prestando estos servicios de vigilancia. En Aragón, los vigilantes que están en esta situación, de acuerdo con la información oficial de Defensa, ascienden a 24.

Contratación polémica

La adjudicación de este contrato millonario a Marsegur no ha gustado nada en parte de la esfera sindical y tampoco a algunos grupos de la oposición parlamentaria. De hecho, el PSOE y Unidos Podemos llevaron la cuestión al Congreso hace unos días, cuando preguntaron al Gobierno por las intenciones de Defensa con este contrato porque ya se conocía que la hoy adjudicataria estaba posicionada como una de las mejor puntuadas para hacerse con el contrato.

Las formaciones de izquierda cuestionaban la decisión de Defensa porque, explicaban, Marsegur había sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados. El Ejecutivo contestó que la empresa había presentado la oferta económicamente más ventajosa, de ahí la adjudicación, y que no existía ninguna prohibición para contratar en vigor y se cumplían todos los requisitos de aptitud exigidos.

Avanza la privatización de la vigilancia de cárceles

En el verano del 2012, la decisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de contratar vigilantes privados para gran parte de las cárceles españolas levantó una intensa polvareda en el sector. Fernández Díaz justificó su decisión en la necesidad de reubicar laboralmente a miles de escoltas que habían prestado sus servicios a políticos y otras personalidades empresariales durante los años de actividad de la banda terrorista ETA y que, tras el anuncio del alto el fuego permanente anunciado el 20 de octubre de 2011, se habían quedado sin trabajo.

Lo cierto es que después de este movimiento de Interior se supo que el porcentaje de escoltas recolocados en estas tareas fue muy pequeño. Aún así, la vigilancia privada de centros penitenciarios, entre ellos Zuera y Daroca, siguió el curso establecido y el año pasado superó el primer plazo temporal establecido. De hecho, a finales de agosto del año pasado el Consejo de Ministros volvió a acordar una nueva inversión de 58 millones para continuar con el plan de externalización de la seguridad perimetral de las cárceles. A finales del año pasado, este contrato quedó adjudicado por 34,6 millones de euros (un 3,6% más que el año anterior), un presupuesto que permitió contratar por un año a más de 900 vigilantes para ser adheridos a la vigilancia de prisiones de todo el país.