Aprobada por unanimidad la comisión de investigación sobre la gestión de las depuradoras

El pleno de las Cortes ha aprobado este jueves por unanimidad crear una comisión de investigación para analizar si hubo responsabilidades políticas en la gestión de los planes de saneamiento y depuración de aguas por parte del Gobierno de Aragón, encargado de su ejecución a través del Instituto Aragonés del Agua.

La comisión fue propuesta por el grupo parlamentario de Podemos nada más conocerse el informe de la Cámara de las Cuentas, que constata los desfases y sobrecostes en la ejecución y gestión, mediante el modelo de concesión a empresas privadas, de instalaciones en algunos casos sobredimensionadas. Además, alerta de que el Estado podría reclamar hasta 117 millones a la DGA por desviar los fondos recibidos para constuir las depuradoras del Pirineo a otras obras de saneamiento.

La diputada podemista Marta de Santos ha defendido que “hay muchas cosas que aclarar” en torno a lo que ha calificado de “embolado”, “zancocho”, “trama” o “tinglado”. Ha anunciado que Podemos pedirá que comparezcan en la comisión de investigación la exministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, Cristina Narbona, técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), órgano dependiente del Gobierno central, y a alcaldes de los municipios afectados por el fiasco del plan. Algunos de ellos han sido multados por la Confederación Hidrográfica del Ebro por no depurar.

De Santos, que ve un "paralelismo" entre lo ocurrido en Aragón y el presunto caso de corrupción del Canal de Isabel II en Madrid, ha confiado en que, tras “años de oscurantismo”, de la comisión se extraigan responsabilidades políticas “y lo que venga”, porque “esta bola de nieve no para aquí”, ha avisado en alusión a una posible judicialización del asunto. Además, ha agradecido especialmente su voto favorable al PAR, que controló el Instituto Aragonés del Agua desde su creación hasta la pasada legislatura.

La diputada aragonesista María Herrero ha contestado que Podemos “no tiene nada que agradecer” a su partido y ha acusado a la formación morada de “moverse en aguas sucias o revueltas” y “enturbiar el debate”. Para el PAR, ha dicho, esta comisión es “una oportunidad para que se sepa la verdad de todo y se aclaren las sospechas que se han creado”.

Ha reclamado que se busquen alternativas para avanzar en los proyectos pendientes, si bien ha afirmado que “no hay otra manera que no sea el sistema concesional” para cumplir la normativa europea. A su juicio, la gestión de los planes “se hizo adecuadamente y con la mejor intención, aunque pudo haber algún error”, por lo que ha exigido “depurar responsabilidades buenas y malas”. Además, ha criticado que se esté “dañando el honor y la moral de muchos técnicos y políticos de todos los colores”.

El resto de los partidos han coincidido en la necesidad de afrontar el trabajo de la comisión con “rigor y responsabilidad” y huyendo de “prejuicios e intereses partidistas”, con el objetivo de aclarar lo ocurrido y buscar soluciones, “porque el problema sigue”.