La consejera de Educación critica que la Justicia está "maniatando" la acción del Gobierno de Aragón

La consejera de Educación, Mayte Pérez, consideró este lunes que la Justicia "está maniatando la acción de la Administración", en especial, en las políticas que lleva a cabo su Departamento. La socialista realizó estas declaraciones en referencia a los sucesivos autos de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, que han concedido medidas cautelares a once de los trece centros concertados a los que la DGA pretendía quitar un aula de primero de infantil a partir del próximo curso, y en los que ahora tendrá que seguir manteniendo la misma oferta que el curso pasado. El mismo lunes, tres nuevos colegios se sumaron a los ocho a los que los tribunales concedieron la pasada semana esta petición de forma provisional.

Pérez insistió en que su Consejería acatará lo que dictan los tribunales, pero dejó claro que lo combatirá "con todos los medios" a su alcance. "Vamos a defender el interés general por vía judicial, administrativa y legislativa", dijo, para añadir después: "La patronal de la concertada no ha entendido el ejercicio de planificación, que creo es de solidaridad en la oferta, y por tanto, tendremos que incorporar esas vías". Durante una rueda de prensa, la responsable de la Educación aragonesa defendió el pretendido cierre de aulas, que la Justicia paraliza ahora hasta que tome una resolución definitiva, en la necesidad de llevar a cabo una planificación por parte del Departamento que dirige. Unos planes que, lamenta, no puedan concretarse, ya que considera que estos autos están "deslegitimando la autonomía del Gobierno".

En sus propias palabras, la Administración se encuentra "en una situación de indefensión absoluta", ya que al pretendido cierre de clases en la concertada se suman otras medidas cautelares de los tribunales que afectan a decisiones pasadas de la DGA, como el concierto del colegio internacional Ánfora de Cuarte de Huerva hace 20 meses o la obligación de mantener el horario de la asignatura de Religión, ambas causas sin resolución definitiva aún.

Tres escuelas más

Mientras tanto, la tan polémica decisión de recortar clases en la concertada, que sacó a la calle a más de 30.000 personas para protestar contra la medida, sigue cosechando decisiones en contra por parte de los juzgados aragoneses. Once de los trece colegios que, según pretendía Educación, iban a dejar de tener concertada una de sus vías de 1º de infantil (niños de 3 años), seguirán ofertando estas plazas en el proceso de escolarización que arranca mañana. Son todos los que, hasta la mañana del lunes, habían pedido medidas cautelares.

Después de que los jueces concediesen la semana pasada estas medidas cautelares a un total de ocho centros (La Salle Montemolín, Marianistas, Santa María de la Esperanza de Pina, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Teresiano del Pilar, Jesuitas y Cristo Rey), el lunes se sumó al listado el colegio San Gabriel de Zuera, que había presentado el recurso el miércoles pasado, pero aún estaba pendiente de resolución. Además, el juez de lo Contencioso Administrativo nº 3 dictó un auto estimando las medidas cautelarísimas solicitadas, esa misma mañana, por el colegio María Auxiliadora de Zaragoza.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón informó de que el San Antonio de Padua presentó recurso a última hora de la mañana del pasado lunes. Y el juzgado nº 4 resolvió conceder también las cautelarísimas, lo que le permitirá ofertar desde septiembre las mismas vacantes que en la actualidad. HERALDO logró confirmar que entre el lunes y el martes iba a presentar recurso también el colegio La Anunciata de la capital aragonesa, y lo previsible era que se sumara el centro número trece de esta lista: el Santo Domingo de Silos.

En todos los casos, los jueces supeditan estas resoluciones provisionales a la resolución de los conciertos educativos por parte de la consejera de Educación. Es decir, este año tocaba renovar los conciertos y la directora del servicio provincial de Zaragoza propuso, de forma provisional, dejar de incluir estas trece aulas de 1º de infantil. Motivó su decisión (que es la que los centros han impugnado) en el equilibrio de la oferta educativa y el descenso demográfico, y anunció a los colegios afectados que ya no incluiría estas aulas en el proceso. No obstante, es la consejera de Educación la que debe ratificar y publicar la decisión final, algo que tiene sus trámites burocráticos y que aún no se ha producido.

Para respetar esta decisión judicial, el Departamento tendrá que volver a incluir las clases sobre las que pesan cautelares en su página web de escolarización. El lunes, los datos no se habían actualizado, y deberán estar disponibles para su elección a partir del miércoles, cuando arranca el proceso.

A pesar de los últimos reveses judiciales, la Consejería no prevé hacer ningún cambio más para la próxima escolarización, y mantiene su intención de que los colegios públicos se presenten al proceso con todas sus aulas disponibles.