La educación concertada plantea movilizaciones para protestar contra el anunciado cierre de algunas aulas de 1º de infantil durante el proceso de renovación de estas financiaciones públicas actualmente en marcha. Ni los centros ni las familias están de acuerdo con el pacto al que han llegado PSOE y Podemos para aprobar los presupuestos, y que incluye un punto que pide no renovar convenios con la concertada para salvar las que peligran en la pública (hasta 28), por lo que están organizándose para preparar una reivindicación conjunta que podría ser el próximo 4 de abril, aunque todavía está por concretar.

Los centros privados sostenidos con fondos públicos consideran que, mientras exista demanda de las familias, la Administración debe mantener el concierto, y recuerdan que la Constitución garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias. Tal es la incertidumbre que esta situación ha creado que la campaña de firmas que impulsó Fecaparagón (la federación de ampas de la concertada) "contra el cierre de aulas concertadas con demanda social en Aragón"   sumaba ayer casi 29.000 adhesiones en la plataforma change.org.

Algunos centros ya han manifestado su intención de llevar a los tribunales la reducción de aulas concertadas, en el caso de que estuvieran afectados por esta decisión, y el sindicato mayoritario en esta red, FSIE, reiteró ayer su intención de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón en todos los casos en los que haya suficientes solicitudes de familias para garantizar la apertura de una clase.

Precisamente, FSIE celebró una asamblea el pasado miércoles en la que contó a sus afiliados que, en este punto, y según sus conversaciones con la DGA, serían nueve los centros amenazados con el cierre de una de sus aulas de primero de infantil lo que, denuncian, afectaría a todo el centro porque en los años siguientes se iría perdiendo un aula de cada uno de los cursos posteriores.

A pesar de esta revelación, el Departamento de Educación indicó ayer que no hay una lista oficial de escuelas que se verán afectadas ni una fecha concreta para tomar la decisión, por lo que todo puede variar. Desde la Consejería se señaló que se están haciendo análisis y no existe un listado cerrado ahora mismo, y se recordó que serán las comisiones encargadas de los conciertos las que deben estudiar este asunto, que debe cerrarse antes del 15 de abril. Estas entidades se constituyeron ya a finales del pasado mes, pero aún no se han reunido por segunda vez.

De hecho, y como informó ayer FSIE, la comisión de Zaragoza aún no tiene fecha, la de Teruel está convocada para el próximo 29 de marzo y la de Huesca, que también iba a celebrarse la semana que viene, se ha aplazado.

Alumnos con necesidades

Uno de los motivos que aduce Podemos, y que también señaló recientemente CGT para justificar la reducción de conciertos, es que estos centros escolarizan muchos menos alumnos con necesidades educativas especiales. Según el sindicato y la formación morada, la mayoría de ellos lo hace por debajo de la media, por lo que solicitan que no se conceda la financiación pública a aquellos que tienen apenas un 1% o menos de Acneaes, como se conoce a estos estudiantes.

Escuelas Católicas de Aragón mostró ayer su "malestar e indignación" por estas acusaciones, que considera que "no responden a la realidad". Según denunciaron en una nota de prensa, esos números "nunca podrían ser muestra de la existencia de un patrón para discriminar al alumnado con necesidades educativas especiales, puesto que siempre se ha cumplido escrupulosamente con las exigencias en los procesos de admisión de alumnos".

Según el informe de CGT, el 61% de las escuelas concertadas de Zaragoza escolariza a estos estudiantes con necesidades por debajo de la media. Sin embargo, Escuelas Católicas compartió ayer que sus centros atienden a casi el 25% de Acneaes "con el 18% del presupuesto que el Departamento destina a la enseñanza no universitaria", lo que considera una "evidente descompensación de recursos". En cualquier caso, la asociación mostró su "apuesta por una educación inclusiva" y llamó a debatir en la Comunidad por "una escuela plural" y no por diferenciar entre pública y concertada.