Desde que el acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Podemos incluyó un punto que hablaba de no renovar hasta 28 conciertos educativos en Aragón, ha habido mucha incertidumbre en el sector. Por este motivo, el sindicato FSIE, mayoritario en la concertada, celebró ayer una asamblea en la que informó a sus afiliados del estado de las negociaciones. En esa reunión, dio a conocer el nombre de los nueve centros que, en este punto y según sus conversaciones con la DGA, no renovarían una de sus aulas de 1º de infantil el próximo curso. Se trata de Cristo Rey, Jesuitas, La Anunciata, Teresianas del Pilar, Santo Domingo de Silos, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Santa María del Pilar-Marianistas y el San Gabriel de Zuera.

El proceso de renovación de conciertos educativos, en cualquier caso, no ha finalizado, y la orden que lo regula habla del 15 de abril como fecha tope para dar a conocer los centros y las unidades que finalmente contarán con subvención pública.

De hecho, ayer se produjo una reunión de Escuelas Católicas de Aragón en el colegio Escolapios de Zaragoza, también a raíz de las reuniones con la consejera. Y, a su término, fuentes de la asociación recordaron que estos datos no son oficiales, porque hasta el próximo día 30 no está convocada la comisión encargada de los conciertos.

El secretario general de FSIE en Aragón, Miguel Malla, anunció que si esas escuelas tienen suficiente demanda para poder mantener abiertas estas aulas, las llevarán al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y pedirán medidas cautelares para tratar de evitar su cierre. "Si hay suficientes solicitudes por parte de las familias no lo pueden hacer, así que no nos quedará más remedio que judicializarlo porque el problema es que no hay una razón", declaró el sindicalista.

Malla contó a su vez que, cuando se produce la renovación de conciertos, suelen ser los propios centros los que negocian con la Administración, "sin que hasta ahora hubiéramos tenido que intervenir salvo en casos aislados", pero que en esta ocasión, FSIE solicitó estudiarlo en la mesa sectorial, una petición que fue rechazada. "Es una situación especial por el pacto entre el PSOE y Podemos, que nos parece deleznable. En Baleares también hay acuerdo entre esos dos partidos y han dado tres millones más a la concertada", señaló.

Ante las declaraciones políticas de los pasados días, el secretario general en Aragón de este sindicato informó además de que, en los cuatro últimos años, se han cerrado 28 aulas en la concertada (seis este curso, tres el pasado, ocho el anterior y once en el periodo 2013-2014), que afectaron a 24 colegios de la Comunidad y obligó a la recolocación de 15 docentes.

Malla aprovechó la situación para solicitar al Gobierno de Aragón que cumpla "una de sus promesas electorales, recogida además en el pacto", de reducción de ratios en los centros aragoneses que, en su opinión, "facilitaría no tener que cerrar determinadas aulas, por lo que es algo que deben barajar". En cualquier caso, valoró la situación como "mala, porque se va a recortar", aunque agradeció que fuera "menos mala de lo que se ha hablado hasta ahora". Y denunció lo que considera "un ataque" a la concertada, contestando que sus colegios sí escolariza a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en un porcentaje más elevado de lo que reveló hace unos días un informe de la CGT. También desde Escuelas Católicas de Aragón creen que los porcentajes que sacó a la luz ese informe "no son reales".

Asamblea por la pública

A la misma hora que FSIE celebraba su encuentro, tenía lugar en el Centro Cultural del Norte de Zaragoza una asamblea educativa auspiciada por Podemos y con representantes de Fapar o Mhuel, en la que el secretario general de la formación morada en Aragón, Pablo Echenique, reclamó a la consejera de Educación, Mayte Pérez, que concrete ya las vías que plantea suprimir en la concertada, dada "la posición ambigua" del Gobierno.

Echenique pidió al Gobierno que diga claramente "qué significa para él el cierre de hasta 28 aulas" y "hasta dónde está dispuesto a llegar". En cualquier caso, matizó que este acuerdo se refiere al cierre de aulas "que todavía no existen y que se ofertarían en principio el próximo curso". Por su parte, la diputada de Podemos Erika Sanz solicitó que la planificación educativa contemple el descenso demográfico de la población en algunas zonas de Zaragoza y equilibre la oferta de pública y privada, un argumento que compartió la presidenta de Fapar, Flor Miguel.