El viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que el Ejecutivo estaba estudiando presentar lo que llamó una "apoyatura legal" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder convocar oferta de empleo público en 2017 en tres ámbitos: Educación, academias militares y Guardia Civil. Miles de personas de toda España están pendientes de estos procesos selectivos.

"Estamos pensando cómo articularlo, pero la idea es dar respuesta positiva [a la convocatoria]", dijo el ministro sobre la fórmula legal que están buscando para materializar sus intenciones. "Soy consciente de que los exámenes de maestros tienen lugar en julio y, por tanto, si hubiera que esperar a la aprobación de los PGE, no habría tiempo material para realizarlos", agregó para no dejar lugar a dudas de cuál es el ánimo del Ejecutivo en esta cuestión.

Este anuncio de intenciones ha sido recibido con los brazos abiertos en algunas zonas del país. Galicia es un ejemplo. Según publicó el diario 'La Voz de Galicia' el pasado sábado, la Xunta se ha tomado al pie de la letra las palabras del portavoz del Gobierno (de su mismo color político) y ha decidido desbloquear una oferta empleo público que supera el millar de plazas. "Es una muy buena noticia para los opositores de educación, que precisan de certezas y seguridad jurídica ante un proceso selectivo", afirmaron fuentes de la consejería gallega citadas por el diario. Las mismas aseguraron que la Xunta "está preparada" para la organización de un proceso en el que ya habían avanzado pese a la incertidumbre que reina sobre el asunto desde hace meses.

¿Y en Aragón, qué?

La situación en Galicia contrasta con la de Aragón. Fuentes del departamento de Educación del Gobierno aragonés han explicado que el anuncio que hizo el pasado viernes Méndez de Vigo no cambia nada porque no consideran que se haya avanzado en la cuestión con pasos firmes. "No hay ninguna seguridad jurídica en este momento, porque han agotado los plazos y porque no se puede dar giros de timón sin seguridad con un tema tan serio en el que se juegan su futuro miles de opositores", han explicado.

Desde la DGA han recordado que hace unas semanas el Ministerio de Educación informó a las comunidades autónomas de que no podían convocar oposiciones porque no había presupuestos generales. Además, les advirtió de que impugnaría los procesos que fueran convocados. "Esto obligó a no seguir adelante con el plan de oferta pública de empleo acordado en Aragón con los sindicatos", han evocado fuentes de la consejería que dirige Mayte Pérez, a la par que han aludido al "malestar" que tal decisión causó en el Ejecutivo de Javier Lambán porque les "impedía reducir la tasa de interinidad".

Reducir esta tasa es "un compromiso firme" de la consejería de Educación aragonesa, según han apuntado. "El año pasado se convocó la mayor oferta pública de empleo de maestros de los últimos nueve años", han comentado. "[También] se había acordado una planificación para 2017 y 2018 para convocar plazas de otros cuerpos. Pero fue el Gobierno central quien impidió hacerlo", han concluido.

Así pues, las declaraciones del pasado viernes de Méndez de Vigo no han supuesto un cambio de escenario en esta Comunidad: hoy por hoy las oposiciones educativas de 2017 se mantienen para los ejercicios 2018 y 2019.

Reuniones en los próximos días

Por miles se cuentan los potenciales opositores que en los próximos días estarán muy pendientes de la evolución de esta cuestión. Las reuniones entre los ministerios de Hacienda y Educación y los sindicatos se sucederán para llegar a un acuerdo sobre el asunto.

La "apoyatura legal" a la que se refirió Méndez de Vigo podría tener la forma jurídica de decreto ley. Esta es la forma que utiliza el Gobierno central para legislar sin tener que emplear semanas en trámites parlamentarios, aunque el paso por el Congreso es inevitable: el Pleno deberá convalidar el decreto ley para que este siga siendo válido. Además, los sindicatos de enseñanza pidieron a principios de marzo que se siguiera esta vía.

El viernes, Méndez de Vigo también anunció que "en los próximos días", se convocará la Mesa General de la Administración Pública "para concretar" sobre este asunto.