El Gobierno cambia sin previo aviso el contrato de decenas de doctorandos de la UZ

Con carácter retroactivo desde 2014, estos contratos han pasado a ser considerados de prácticas en vez de obra y servicio.

Una investigadora en un laboratorio de la Universidad de Zaragoza.
Una investigadora en un laboratorio de la Universidad de Zaragoza
E. C.

En las últimas semanas los estudiantes de doctorado (que tienen una relación laboral con el Gobierno central) han descubierto que su contrato cambió de código hace un año. A partir de ese momento y con carácter retroactivo desde 2014, los contratos predoctorales (incluye a los FPI, que dependen del Ministerio de Economía, y a los FPU, que forman parte del Ministerio de Educación) se registraron en la modalidad de prácticas (420). Anteriormente, ambas variantes (son contratos de hasta cuatro años de duración) eran consideradas como de obra y servicio (401).

Según han criticado los propios afectados, que han iniciado una recogida de firmas en Change.org que ya lleva más de 62.000 apoyos, este cambio supone un retroceso en sus derechos y condiciones laborales. “Se ha modificado la codificación de los contratos y, además, se han alterado los informes de vida laboral en la Seguridad Social de forma retroactiva”, denuncia Paloma, miembro de la Asamblea de contratos predoctorales de Granada, la plataforma impulsora de la recogida de firmas.

Asimismo, señala que, según lo consultado con abogados laboralistas, se están produciendo determinadas ilegalidades, puesto que los contratos en prácticas solo pueden tener una duración máxima de 2 años, mientras que los predoctorales están planteados para cuatro años. “Para solucionarlo han creado un nuevo subcódigo con el que se puedan alargar hasta cuatro años”, recalca. Además, asegura que dejan de existir las indemnizaciones por despido.

Otro problema del que están empezando a ser conscientes es que también se están haciendo este tipo de contratos a aquellos que han terminado el doctorado y siguen ligados a la Universidad o a un centro de investigación a través de lo que antes eran las becas postdoctorales. “Estamos haciendo el trabajo de cualquier investigador, por lo tanto, no estamos en prácticas y no podemos estar así durante todo el doctorado y el postdoctorado”, señala.

Por su parte, desde la Federación de Jóvenes Investigadores recuerdan que esta modificación se realizó sin explicaciones previas y con carácter retroactivo en los contratos predoctorales firmados desde 2014. “Todo cambio en las condiciones de contratación efectuado de manera unilateral y sin el conocimiento y aceptación de ambas partes es ilegal, por lo que exigimos su inmediata rectificación”, subrayan.

En total calculan que habrá unos 10.000 investigadores afectados por esta decisión. Según los datos del Ministerio de Educación y el de Economía, en la Universidad de Zaragoza, al menos, un centenar de estudiantes han recibido estas becas desde 2014, momento a partir del cual el Gobierno empezó a aplicar de manera retroactiva el cambio de código. No obstante, desde el campus público señalan que se desconoce cuál es el volumen total de afectados. "Nosotros no hemos cambiado nada, en todo caso ha sido la Seguridad Social la que ha hecho las modificaciones", recalca Ángel Luis de Val, director de Secretariado de Plantilla Investigadora y Convenios.

Según puntualiza, a fecha 31 de enero de 2017 había 43 contratos de obra y servicio en la Universidad de Zaragoza. De ellos, 17 correspondían al Ministerio de Educación y los 26 restantes al Ministerio de Economía. Val recalca que este cambio no afecta a los investigadores: "No hay que olvidar que estos contratos existen desde 2006, en ese momento se hacían dos años de beca y otros dos de contrato de prácticas. Fue en 2012 cuando el Ministerio de Educación instó a cambiar todos a obra y servicio y ahora han vuelto ha cambiar de opinión".

Para el Ministerio, no hay cambios importantes

Fuentes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han puntualizado que estos problemas respecto a la modificación del código no son reales: “Esta relación laboral se rige por la Ley de Ciencia de 2011, por lo tanto, el cambio  solo puede generar algún problema administrativo, cuyo alcance ya estamos estudiando”. Una de las cuestiones en las que más hincapié han hecho los afectados es en la obtención de la tarjeta sanitaria europea. Con esta modalidad de contrato ya no tienen derecho a una de dos años, sino que deben pedir un certificado que hay que renovar cada 90 días.

De hecho, este fue el detonante por el que muchos se dieron cuenta del cambio. Al pedir la tarjeta para realizar la estancia (los estudiantes de doctorado con contrato deben estar, al menos, tres meses en el extranjero para formarse), les informaron de que no tenían derecho a ella, mientras que doctorandos de años anteriores sí que podían solicitarla sin ningún problema. “Este es uno de los problemas administrativos que nos han trasladado y, al igual que el resto, estamos estudiando el impacto que tienen. No hay que olvidar que los estudiantes no se quedan en ningún momento sin cobertura sanitaria, simplemente hay que renovarla con más asiduidad”, puntualizan desde el Ministerio.

Además, recalcan que este cambio no supone que se modifique la duración, el salario, las retenciones ni las indemnizaciones por despido. “Si antes había, seguirá habiendo y sino, pues no. Todo depende de lo que marca la Ley de Ciencia, que no se ha cambiado”, puntualizan. Al mismo tiempo, recuerdan que este cambio no surgió por iniciativa de la Seguridad Social, es una modificación que se hizo después de una consulta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Ellos nos comentaron la posibilidad alegando que así se adaptaba mejor a las condiciones del contrato predoctoral y se podían adherir a algunas bonificaciones. “Nosotros lo estudiamos, vimos que no había ningún problema y en 2016 se trasladó la orden al SEPE y a la Seguridad Social”, explican.

Desde la CRUE han emitido un comunicado en el que explican ampliamente que esta modificación no supone la pérdida de derechos o prestaciones como el desempleo, la duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad, "dado el carácter especial de estos acuerdos, ligados la Ley de la Ciencia".

Asimismo, reconocen que este cambio se produce tras una consulta suya que tenía por objetivo “plantear una solución a las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales al adaptarlos a lo establecido en la Ley de la Ciencia”. Ante los problemas planteados, este organismo apuesta por crear una nueva figura para dar cumplimiento a esta legislación y recoger la especificada de este tipo de contratos.

De hecho, esta es también la apuesta de la Asamblea de contratos predoctorales de Granada: "Queremos que finalmente se ponga en marcha lo que marca la legislación, un contrato específico que se lleve a cabo de manera consensuada y que proteja los derechos de los investigadores". Ángel Luis de Val comparte esta opinión: "Si se pusiera en marcha el contrato específico que regula la legislación, no habría estos problemas. Ahora lo que se está haciendo es encajar esta modalidad específica en los tipos de contratos existentes y realmente ninguno se ajusta a la perfección".

No afecta a los doctorandos de la DGA

Al igual que existen los contratos del Ejecutivo central, el departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón también tiene sus propios contratos. En este caso, según ha confirmado desde el propio departamento, la situación laboral de sus doctorandos no ha variado en ningún momento.

De hecho, en los últimos años lo que se ha intentado es igualar los salarios con los del Ministerio (puesto que eran ligeramente más bajos) y aumentar el número de ayudas. Ejemplo de ello es que en la última convocatoria (que esta previsto que se resuelva en las próximas semanas), había un total de 40 contratos (cinco más que un año antes) y el salario ha pasado de ser unos 74.000 euros brutos para los cuatro años a suponer un ingreso de 82.000.

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