El abogado Ricardo Agoiz, de la Asociación El Defensor del Paciente, ha tramitado tres procedimientos administrativos de reclamación patrimonial en Aragón por las lesiones oculares producidas en pacientes por el producto Ala Octa, utilizado en las operaciones de retina.

En una nota de prensa, esta organización ha señalado que los informes de la inspección médica del Gobierno de Aragón, en conjunción con la Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios, han confirmado que el producto Ala Octa "ha podido ser el causante de diversos efectos tóxicos sobre la retina de los pacientes aragoneses a los que fue administrado".

Además, los informes de la aseguradora del Gobierno de Aragón llegan a manifestar que "no se demuestran otras causas que justifiquen el mal resultado funcional con abolición del campo visual y agudeza visual de mala percepción de luz".

Así, en los tres procedimientos administrativos de reclamación patrimonial se ha comunicado el mismo resultado por parte del Ejecutivo autonómico y "se han efectuado alegaciones instando a que el Gobierno de Aragón incluya, dentro del proceso administrativo, tanto a la empresa fabricante del producto, como a la empresa distribuidora en España".

En este momento, los procedimientos administrativos están pendientes de resolución final, "que se espera en unos cinco meses aproximadamente". Desde la asociación han confiado "en que no sea necesaria la apertura de procesos judiciales para que los pacientes sean debidamente indemnizados".

Han agregado que el Gobierno de Aragón "podría llamar al proceso administrativo a ambas empresas y establecer su responsabilidad y las indemnizaciones a que hubiere lugar según las lesiones concretas que se hubieran causado a cada paciente de forma individualizada".

En este sentido, la asociación ha precisado que las lesiones van desde la pérdida de campo de visión a la pérdida total de la misma, "lo que implica una valoración indemnizatoria distinta, según la gravedad de la lesión producida".