Aluvión de quejas al Justicia de Aragón por la elección de la jornada lectiva en los colegios

Las cuestiones educativas generaron el año pasado un aluvión de quejas al Justicia de Aragón. El proceso que se puso en marcha para permitir que los colegios y las familias pudieran elegir entre una jornada lectiva partida o continua provocó un notable malestar.

Según el avance que ofreció ayer Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, de las 2.906 quejas que tramitó su oficina en 2016, el 36,2% (exactamente 1.054) fueron del área de Educación. Y de estas, 800 las presentaron familias aragonesas en desacuerdo con el procedimiento fijado para decidir sobre los horarios escolares. Es decir, que el 27,5% del total de las demandas ciudadanas planteadas al Justicia el año pasado las generó el proceso de tiempos escolares.

García Vicente aclaró que los escritos de las familias no cuestionaban la idoneidad de una u otra fórmula, sino que pedían algún tipo de modificación para hacer más justo el procedimiento de elección. Así, recordó que fueron muy numerosas las quejas por no permitir el voto por correo y por el hecho de que en los CRA (Colegios Rurales Agrupados) se exigiera la unanimidad de todos los centros que formaban parte de cada agrupación para modificar la jornada. Estos aspectos ya se han cambiado en la convocatorio de este año.

Mejora la acción social

Por detrás de Educación, otro área que generó un volumen alto de expedientes fue el de Asistencia Social. En este campo, el Justicia destacó que pese a haber recibido 238 demandas ciudadanas, este número fue un 39% menor que el de un año antes. En opinión de García Vicente, la mejora de la situación económica y una respuesta más rápida dada desde la Administración hicieron descender, por tercer año consecutivo, el volumen de quejas. "Por ejemplo, el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) –dijo García Vicente– se tramita ahora de forma más ágil y el Gobierno aragonés tiene más dinero, por lo que han disminuido las quejas por la aprobación y renovación de esta ayuda". Mejoría que aún no ha llegado a la Ley de Dependencia, continuó el Justicia.

En cuanto a las áreas que aumentaron el año pasado las reclamaciones ciudadanas, el Justicia citó las de Empleo Público, que pasó de 176 demandas a 254 expedientes (la mayoría por descontento con los procesos selectivos y los largos periodos de interinidad); Urbanismo, con 110 reclamaciones (muchas relacionadas con la existencia de barreras arquitectónicas) y Hacienda, con 187 (por los impuestos locales, sobre todo el IBI y las plusvalías).

Como balance del año pasado, García Vicente se mostró satisfecho porque, en su opinión, que el número de expedientes haya aumentado es un síntoma de la confianza que los ciudadanos tienen en esta institución. Asimismo, destacó que las administraciones son cada vez más permeables a aceptar las sugerencias. De hecho, apuntó que solo el 13% de las recomendaciones propuestas en 2016 fueron rechazadas (51 de 397). "La Administración sabe que no buscamos culpables o echar gasolina al fuego, sino resolver problemas. Y las quejas que nos llegan son una muestra de cuáles son las preocupaciones de la gente".