Continúa el conflicto de los investigadores predoctorales de la Universidad de Zaragoza en torno a las Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) de 2013-2014 contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y la Universidad de Zaragoza (UZ), que se ha traducido en las primeras demandas por parte de varios afectados aragoneses.

A día de hoy cinco investigadores de la UZ han interpuesto sus demandas frente al Juzgado de lo Social de Zaragoza tras sentirse “ninguneados por las falsas promesas”. Así lo ha asegurado Edgar Ramírez, investigador de Ingeniería y representante de los afectados en la capital aragonesa, donde hay 47 investigadores en su misma situación. Según los datos de la Universidad de Zaragoza, 28 corresponden a la convocatoria de 2014 y 19 a la de 2013 (a estos últimos solo les afectaría en un mes). “El pasado lunes fuimos algunos compañeros a presentar la demanda, aunque esperamos que poco a poco vayan sumándose más”, asegura.

El conflicto comenzó en noviembre de 2015 con la publicación de la convocatoria de los contratos FPU de ese año. “Se aseguraba que aquellos que iniciaran su etapa doctoral en el curso 2016-2017 tendrían un incremento salarial de cerca de 150 euros mensuales brutos con respecto a nuestro salario de los dos primeros años”, resume.

En su caso, los investigadores de la convocatoria de 2013-2014 percibieron 14 salarios brutos de 1.025 euros durante los dos primeros años, y de 1.173 durante los dos siguientes, frente a los 1.173 euros brutos que percibían sus sucesores durante los cuatro años de contrato. “Estamos hablando de una diferencia salarial de unos 2.000 euros por cada uno de los dos primeros años trabajados”, añade Alfonso Bermúdez, otro investigador FPU afectado, en su caso de la rama de Historia.

Sin embargo, como reclaman los investigadores pre doctorales, “según se afirmaba en una cláusula en ambas convocatorias, cualquier incremento o reducción posterior se debía de aplicar a todos los contratos, es decir, entendemos que a los nuestros”, asevera Bermúdez.

En ese momento en torno a 1.600 investigadores afectados a nivel nacional comenzaron a organizarse creando una plataforma, y a enviar los primeros escritos tanto al Ministerio como a sus respectivas Universidades. Sin embargo, la respuesta a su reclamación fue negativa. “Nos dijeron que no se aplicaba a convocatorias anterioresy la Universidad de Zaragoza se justificaba diciendo que ellos no podían hacer nada sin el apoyo del Ministerio”, afirman.

Desde el Ministerio de Educación se les informo de que, “se iban a revisar los presupuestos para que se nos subiera el salario en septiembre de 2016, y que buscarían una fórmula presupuestaria para arreglarlo”, añade Alba Pedro Zapater, que tiene un contrato FPU en la rama de Ingeniería en la UZ. “A pesar de las promesas, la nómina del pasado mes fue igual y volvimos a movilizarnos”, explica.

Además, como explican en su demanda, el 2 de diciembre de 2016 aparecía en la página del Ministerio una publicación en la que se afirmaba que: “Con el fin de equiparar las retribuciones de todos los beneficiarios/as, en los dos primeros años de disfrute de la ayuda y en aras a garantizar la equidad en el sistema de ayudas, se ha introducido una disposición transitoria para regularizar la situación de todos los beneficiarios/as seleccionados por convocatorias anteriores y que a 1 de septiembre de 2016 están en esa situación”. En su opinión, en ese momento se reconoció la “situación de discriminación retributiva”.

“En diciembre, el vicerrector de Política Científica nos convocó para anunciarnos que se iban a actualizar nuestros contratos desde septiembre de 2016, por lo que a partir de enero de 2017 pasaremos a cobrar los 1.173€. Sin embargo, una vez publicada, la convocatoria no incluía la mencionada disposición”, lamentan los afectados.

“Lo que no puede ser es que estemos haciendo el mismo trabajo y unos cobren más que otros. Llevan dándonos largas más de un año y estamos cansados de sufrir esta discriminación salarial”, asevera Ramírez. Ahora, tras la presentación de las primeras demandas, esperan que se solucione el conflicto sin necesidad de llegar a juicio.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte afirman que estas modificaciones se refieren a convocatorias completamente distintas y que no tienen carácter retroactivo. Además, aseguran que “su contrato es legítimo, legal, y que se están cumpliendo escrupulosamente las condiciones acordadas”. Por su parte, la Universidad de Zaragoza manifestó su apoyo a los afectados a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y asegura que se trata de “contratos pagados y convocados por el Ministerio” en los que tan solo hacen de agente intermedio.

El futuro de la investigación aragonesa

Por otro lado, los jóvenes afectados destacan los “efectos negativos” de este asunto en sus ánimos, y aseguran que se trata de unas ayudas “extremadamente competitivas”, que son concedidas directamente al candidato teniendo en cuenta diversos factores como el expediente académico, el currículum, el proyecto y la nota de corte.

En su opinión, se trata de “una falta de respeto” hacia su labor investigadora. “Qué podemos pensar si se supone que somos el futuro investigador del país y nos tratan así...”, concluye Zapater.