La Sala de lo Penal reabre el caso de Giménez Abad y acuerda que testifique el etarra Mikel Carrera

Revoca el auto de conclusión del juez Santiago Pedraz que dictó al acabar el plazo de instrucción. La Fiscalía recurrió el archivo en octubre porque se cerró "en falso" sin que declarase el sospechoso. Se practicará una rueda de reconocimiento con el hijo del político asesinado por ETA en 2001.

Ana Larraz, viuda del Manuel Giménez Abad, con sus hijos Manuel y Borja en las Cortes en 2016.
Ana Larraz, viuda del Manuel Giménez Abad, con sus hijos Manuel y Borja en las Cortes en 2016.
J. M. Marco

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso del atentado de Manuel Giménez Abad, que murió asesinado por dos etarras el 6 de mayo de 2001 en la calle de Cortes de Aragón. De esta manera, el tribunal compuesto por los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Sáez responde a la decisión del archivo que adoptó en octubre el juez Santiago Pedraz.

La Sala de lo Penal da la razón a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recurrió el auto de conclusión porque consideró que "se cerró en falso". El juez había aceptado las pruebas de la declaración de Mikel Carrera y la rueda de reconocimiento que pidió la fiscal, pero no se pudieron realizar. Había pasado el plazo de seis meses que da la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las causas que los jueces no consideran complejas.

El tribunal devuelve el sumario al instructor Santiago Pedraz para que practique ahora las diligencias antes de dictar el auto de conclusión del sumario. Primero reclama que se practique la declaración del sospechoso Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata. Además, asumen que se practique una rueda de reconocimiento del etarra por parte del testigo de los hechos, Borja Giménez Larraz, hijo del presidente del PP de Aragón que lo acompañaba en el momento en que fue asesinado en plena calle. "Teniendo en cuenta el contenido de las diligencias interesadas y su relación con los hechos objeto de enjuiciamiento y las personas imputadas, siendo su carácter de instrucción, se considera por el Tribunal procedente acceder a la revocación instada", determina el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Entrega temporal o traslado

Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, destacó que esta decisión ayuda a que la instrucción pueda concluir en el procesamiento del sospechoso y se celebre un juicio respecto al crimen contra el que fuera presidente del PP en Aragón. Respecto a la toma de declaración de Mikel Carrera, el fiscal jefe señaló que una vez que el sumario llegue al Juzgado de Instrucción 1, el juez Santiago Pedraz tendrá que decidir si se reclama la entrega temporal del etarra, que está preso en Francia, o bien se traslada con la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo al país vecino para tomarle declaración.

Aun así, el hecho de realizar la diligencia del reconocimiento del testigo puede suponer que la Audiencia Nacional tenga que activar la solicitud de la entrega temporal del etarra, porque está condenado a cadena perpetua en Francia y tiene un cumplimiento mínimo de 22 años de prisión. Este proceso ya lo vivió el etarra en septiembre del año pasado cuando fue juzgado por su participación en el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos el 29 de julio de 2009.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del magistrado instructor porque consideraron que su actuación con el archivo suponía "una indefensión clara por la vulneración de una norma procesal", tanto para el Ministerio público como para la acusación particular, en representación de la familia de Manuel Giménez Abad.

Por ese motivo, la fiscal Gómez-Rodulfo reclamó que no podían quedar en el limbo jurídico a las partes y antes del cierre de la instrucción se tomaran declaración al sospechoso y que se realice la rueda de reconocimiento. La fiscal apuntó que debían hacerlas "como obligada consecuencia si los indicios resultaran claramente incriminatorios". Y solo después de hacerlas es cuando el magistrado instructor dictará el auto de conclusión. El juez ya archivó el caso de los etarras Aitor Lorente y David Pla, detenidos en 2000 por ser del comando de información y realizar seguimientos en Zaragoza.

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