La DGA analiza decenas de proyectos de nuevas explotaciones mineras que podrían abrirse en Aragón

La minería lleva años marcada por la incertidumbre en Aragón. La crisis del carbón provocó hace tres años el cierre de la mina de interior de Mequinenza y el pasado 31 de diciembre también cesó su actividad la explotación, también subterránea, de Ariño.

Sin embargo, y en contra de lo que pueda parecer, el subsuelo de Aragón sigue siendo objeto de deseo de multitud de empresas y multinacionales. Solo en la actualidad la DGA está analizando algo más de 200 proyectos de investigación para explotar el suelo de la Comunidad. No todos ellos se corresponden a minas como tal, los hay también de canteras o manantiales de aguas minerales, pero también hay varios proyectos de importantes dimensiones que, incluso antes de que se pongan en marcha, ya están empezando a generar protestas en los municipios afectados.

Tal es el caso por ejemplo de Mina Muga, una explotación cuyo proyecto en conjunto afecta a un área de 550 kilómetros cuadrados a caballo entre Navarra y las Altas Cinco Villas aragonesas en el entorno del pantano de Yesa donde se quiere extraer potasa, un producto que se utiliza fundamentalmente para hacer fertilizantes. Desde que se comenzara a saber de los planes de la empresa Geoalcali para ponerla en marcha -que ha llegado a estimar hasta 800 empleos cuando esté en pleno rendimiento-, varios grupos de vecinos de los pueblos afectados han formado una plataforma que se opone a su apertura.

Pero no es el único, también hay proyectos para minas de arcillas promovidos por una multinacional del sector, Imerys, en varios pueblos de Teruel, como Pancrudo, Alcorisa y Berge.

Del número total de estos proyectos, algunos de ellos se corresponden a varios tramos de una misma explotación que por sus dimensiones o las zonas que la empresa solicitante quiere explotar se ha dividido en varias zonas. En la actualidad, según los datos del Ministerio de Industria, en Aragón hay 191 minas activas entre las dedicadas a productos energéticos (carbón fundamentalmente), minerales industriales como podría ser la potasa que se quiere extraer en las Cinco Villas, rocas ornamentales como puede ser el clásico mármol de Calatorao, productos de cantera o extracciones de minerales como las minas de sal de Remolinos.

Los permisos entre dos autonomías, los más conflictivos

En el caso concreto de Mina Muga, algunos vecinos de los pueblos afectados (en la parte aragonesa, Undués de Lerda, donde estaría la bocamina principal y Urriés) achacan que la apertura de una mina de estas dimensiones y tras alegar a la documentación presentada por la empresa con ayuda de profesores de la Universidad de Zaragoza, podría suponer daños perjudiciales para acuíferos, además de establecerse en una zona con cierta sismicidad.

En este caso concreto, al afectar a dos comunidades autónomas, el Estudio de Impacto Ambiental se está analizando desde el Gobierno central, sin que la DGA o el Gobierno de Navarra puedan actuar de forma plena más allá de alegaciones y recomendaciones. “Desde la DGA se solicitó al Ministerio que se añadieran a la evaluación de impacto ambiental dos informes desde el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero para corroborar la seguridad que podría tener esa explotación”, explica a Heraldo.es Alfonso Gómez, director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. Por el momento, se sigue esperando la resolución por parte del Ministerio, mientras que un proyecto de investigación para una galería que sí que se estaba tramitando en Aragón, sigue también analizándose.

De una forma similar ha ocurrido en un proyecto con sede en el municipio soriano de Borobia, lindante con Aragón, y que también ha tenido un alto grado de rechazo por parte de algunos vecinos. Allí, la empresa Magna recibió los permisos por parte de la CHE y la Junta de Castilla y León para comenzar a extraer magnetita. El proyecto, que ha estado encima de la mesa durante más de diez años, amenazaba según los colectivos contrarios a la cuenca del río Manubles, afluente del Jalón, y en las cercanías del Parque Natural del Moncayo.

Desde la Dirección General de Minas aragonesa, se pone en valor la seguridad de la regulación minera. “Nuestro deber es aplicar las regulaciones y los trámites que se exigen bajo el juicio de los técnicos y las administraciones. Si un proyecto cumple con todos los requisitos y se aprueban los estudios, debemos darle los permisos, si no, debemos denegárselos. Cualquier injerencia bien a favor de potenciar cualquier explotación, aunque pensáramos que es positiva para el territorio, o en contra porque consideráramos que es negativa, supondría extralimitarnos y exponernos a una denuncia si alguna de las partes lo considera”, señala Gómez.

Sin embargo, desde los colectivos que se han posicionado en contra de estas explotaciones, se señala que en ocasiones la regulación no está pensada para proyectos de este tipo. “Nosotros tuvimos la ayuda de geólogos de la Universidad de Zaragoza, pero cuando salen a exposición pública estos proyectos, una asociación pequeña o un particular que pueda verse completamente afectado no tiene capacidad para alegar”, señala Marta López, portavoz de la plataforma No a las Minas de Potasa en Aragón.

Un 38% menos de beneficio y 600 empleos menos

Con todo, está claro que los proyectos mineros que actualmente sobreviven en Aragón no pasan por su mejor momento. Más allá del carbón, (que recientemente recibió la buena noticia del contrato de una nueva compra de material por parte de Endesa, aunque el futuro de la térmica sigue en el aire), también otros más ligados a la construcción, han perdido empleo durante la crisis.

Tal es el caso por ejemplo de las explotaciones de mármol negro de Calatorao, que a comienzos de siglo empleaban a 100 personas y en la actualidad a una veintena. En total, desde antes de la crisis a la actualidad han cerrado unas 50 explotaciones mineras y canteras, se han perdido unos 600 empleos hasta quedarse ligeramente por encima de los 1.000, y su volumen de negocio ha caído un 38% pasando de facturar en 2008 223 millones de euros a solo 137 en 2014, según los últimos datos disponibles que facilita el Ministerio.