Si todo sigue según lo previsto, una de las reivindicaciones históricas de los policías locales de Aragón se verá hecha realidad este año. Se trata de la jubilación anticipada, que tras años de luchas y demandas sindicales encara ya la recta final de su tramitación, con la vista puesta en la aprobación de un Real Decreto previsto para esta primavera.

A partir de su publicación, los agentes podrán retirarse de forma voluntaria a los 59 años siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 35 años, según recoge el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado mes de diciembre.

De esta forma, a los policías locales se les reconocerá que ejercen una profesión de riesgo, tal y como ya ocurre con otros cuerpos como Bomberos, Policía Nacional o Guardia Civil -hasta ahora eran considerados como cualquier funcionario administrativo-, de acuerdo a las excepciones que contempla la Ley de Seguridad Social (art. 161 bis). Para ello, “se han presentado estudios médicos, de siniestralidad e informes estadísticos de todo tipo que muestran que cumplimos con los requisitos”, explica Chema Antón, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato CSL.

Las excepciones de las que habla la normativa señalan que se podrá rebajar la edad de jubilación en aquellas profesiones que sean “de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. En este sentido, y según un estudio del doctor Javier Sanz, experto en Medicina Legal del Trabajo, “por encima de 55 años de edad, la capacidad funcional de un policía local para cumplir la mayor parte de sus funciones se encuentra mermada significativamente, pudiendo afectar a su propia salud y a la seguridad sobre terceros”.

En la Policía Local de Zaragoza, de los 1.200 agentes que hay en la actualidad en plantilla, cerca de 350 tienen más de 50 años (el 30%), por lo que podrán beneficiarse de esta medida a corto y medio plazo. Una situación similar a la del resto de la comunidad autónoma. Sin contar la capital, los municipios de Aragón cuentan con 540 policías locales, de los que 165 superan el medio siglo de edad.

Coste para los ayuntamientos

En cuanto al coste para las arcas públicas de adelantar la jubilación de los policías locales en España (76.000 agentes), el acuerdo alcanzado entre las partes establece que se aumentará la cotización a la Seguridad Social un 10%. De este porcentaje, los ayuntamientos asumirán el 8,6% y los trabajadores el 1,4% restante.

“Haremos un esfuerzo serio, pero nos parece lo correcto”, señaló el presidente de la FEMP, Abel Caballero. Ahora toca cerrar flecos, como la posibilidad de que este desembolso económico no compute como techo de gasto para los consistorios, aspecto que se está negociando con el Ministerio de Hacienda.

También habrá que ver cuándo entra en vigor la medida. La semana pasada se entregaron las últimas alegaciones, cuyo periodo ya ha finalizado. Se espera que el Real Decreto se apruebe entre mayo y junio, según fuentes de la negociación. La FEMP ya adelantó la posibilidad de que se pusiera en marcha el próximo 1 de julio, aunque Chema Antón muestra sus “dudas” ya que “los ayuntamientos deben presupuestar los costes de la sobrecotización”, por lo que “no sería extraño que entrara en vigor el 1 de enero del próximo año”, con las nuevas cuentas municipales.

Además, las vacantes que quedarán libres con las jubilaciones anticipadas obligarán a los consistorios a convocar nuevos procesos de selección. En Zaragoza, el último se llevó a cabo hace una década y su plantilla ya sufre una carencia de más de 200 plazas sin cubrir.