CSI-F denuncia un "nuevo ataque" a los funcionarios del medio rural aragonés

Exige a DGA y mutualidades que dialoguen para evitar que casi 18.000 empleados públicos tengan que pagar anticipadamente su atención sanitaria.

CSI·F ha denunciado este lunes en un comunicado de prensa el "nuevo ataque" que sufren casi 18.000 funcionarios del medio rural aragonés que, desde el 1 de enero, han de pagar anticipadamente su atención sanitaria en centros del Salud. Se trata de empleados públicos acogidos al sistema de mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) que desarrollan su labor o que, circunstancialmente, precisan de atención sanitaria lejos de los grandes centros urbanos.


El sindicato asegura que no puede entender que "la administración anteponga el afán recaudatorio a una adecuada atención sanitaria de sus propios trabajadores".


El sindicato exige que, cuanto antes, Gobierno de Aragón y mutuas logren un acuerdo para la renovación de un convenio que evite esta "situación bochornosa y que supone un nuevo recorte de derechos para los funcionarios del medio rural". Y mientras llega ese acuerdo, añaden desde CSI·F, "deberán articular la fórmula que estimen oportuna para garantizar la inmediata devolución de lo que los pacientes han de pagar anticipadamente a la Seguridad Social".


"No se puede pregonar la defensa del desarrollo del medio rural aragonés y, al mismo tiempo, animar a tantos miles de aragoneses a buscar la forma de huir de él para así dejar de sufrir agravios añadidos a los recortes que ya padecen todos los empleados públicos dese el inicio de la crisis", señalan fuentes del sindicato.


El sistema mutualista se creó en 1975 para solventar la carencia de Seguridad Social que tenían los funcionarios, hasta entonces usuarios de seguros privados que pagaban ellos mismos. "Si ahora la Seguridad Social, ya prácticamente sobrepasada, tuviese que asumir la cobertura sanitaria de millones de beneficiarios de las mutualidades, quedaría automáticamente colapsada", apuntan.


El sindicato defiende la necesidad de darle una necesaria estabilidad a los conciertos entre el Gobierno de Aragón y las mutualidades, potenciándolos incluso para recuperar los recortes de prestaciones que también se han ido aplicando a este sistema desde el inicio de la crisis.

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