El Salud factura la asistencia sanitaria a unos 16.800 funcionarios de zonas rurales

Los funcionarios que viven en zonas rurales tienen que pagar desde el 1 de enero por acudir a un centro de salud o a un hospital público. La razón es la falta de acuerdo para renovar el convenio entre el Salud y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto de las Fuerzas Armadas (Isfas), porque el Gobierno de Aragón quiere volver a las condiciones pactadas antes de que el Ejecutivo de Rudi las modificara.

El problema afecta a unas 16.800 personas en todo Aragón, según el Salud, que confirmó que "a partir del 1 de enero, cuando estas personas acudan a centros públicos, se les cobrará las tasas fijadas", ya que el acuerdo que permitía a los mutualistas ser atendidos en la sanidad pública allí donde no existen clínicas  privadas venció el 31 de diciembre y, aunque se está intentando negociar uno nuevo, a día de hoy no se ha renovado. El paciente recibe una factura con la que reclamar a su aseguradora.

La dirección del área económico-administrativa del Servicio Aragonés de Salud envió una notificación a sus centros informando de que mientras tanto los pacientes mutualistas que hayan elegido la asistencia privada tendrán, a todos los efectos, la consideración de "particulares" por lo que se les deberá cobrar directamente la atención. El Salud señala que el cobro de los gastos sanitarios se realizará una vez hecha la visita médica y que, si esto no fuera posible en el momento de la atención, se emitirá la correspondiente factura.

Una tarifa mínima de 70 euros

La situación ha pillado totalmente desprevenidos a los mutualistas aragoneses residentes en el medio rural e incluso alguno que vive en Teruel capital. También ha generado malestar entre los trabajadores de los centros de salud que consideran que no está entre sus funciones la de hacer de cobradores de unas tasas sanitarias que en el caso más sencillo de una primera consulta en atención primaria ronda los 70 euros, de acuerdo con la tabla de tarifas del departamento de Sanidad.

Las tres mutualidades implicadas forman parte del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidades gestoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios del Estado. La asistencia sanitaria se proporciona, a elección anual del interesado, bien en el sistema público o bien a través de compañías privadas que hayan concertado con la mutualidad, algo a lo que se acogen muchos funcionarios.

El departamento de Sanidad explicó que el convenio con las tres mutuas está sin firmar. Este regula la prestación de servicios públicos a las personas adscritas a las mismas que optaban por la privada en las zonas rurales, donde no hay clínicas particulares.

Rudi cambió el convenio

Desde 2002 se venía prorrogando con una cantidad fija por persona. Pero en 2015, el gobierno de Luisa Fernanda Rudi modificó las condiciones, de modo que solo se pagaba un fijo por persona en la asistencia urgente, y el resto lo facturaba el Salud a la aseguradora del usuario. Esto supuso una "considerable disminución económica" para la Comunidad autónoma, según el Salud, pasando de 1.680.000 euros de cantidad fija de 2014 por toda la asistencia a los 206.000 € de 2015 solo por la urgente. El cobro del resto de la contraprestación ocasionaba numerosas dificultades administrativas al tener que facturar por cada paciente. "A veces pagaban tarde y alguna no ha pagado en todo el año", aseguró la consejería. Añadió que Muface argumenta que son las compañías privadas las que no están de acuerdo con los nuevos términos.

El departamento ha manifestado su voluntad de renovar el convenio "con las condiciones anteriores al 2015", ya que el actual sistema "beneficia notablemente a las aseguradoras privadas y perjudica al sistema público". Y de hecho, estos días se siguen mantenimiento conversaciones.

Todas las comunidades autónomas, salvo Aragón y Madrid, aplican una tasa fija por persona. Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares mantienen el convenio que tenía Aragón antes de 2015, y Cataluña, Galicia, Extremadura, Castilla y León también, pero en su caso la contraprestación varía en función de la edad del residente.