Aragón quiere reconciliarse con su pasado con una ley de memoria democrática

A finales de 2017 podría estar aprobada una ley de memoria democrática en Aragón que tiene como objetivo restituir a las víctimas del franquismo, para que puedan descansar en paz, y de forma general conseguir que la comunidad autónoma se reconcilie y haga las paces con su pasado.

Este es el objetivo común que comparten el presidente de Aragón, Javier Lambán, y las asociaciones de la memoria histórica con las que se ha reunido este miércoles en Zaragoza y que le han explicado la tarea que realizan y los principales retos que afrontan.

Tras la reunión, Enrique Gómez, en representación de todas ellas (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Asociación Pozos de Caudé, Foro por la Memoria, Fundación Bernardo Aladrén, Círculo Republicano del Alto Gállego, Charata y Arico), ha insistido en la necesidad de que la sociedad española haga las paces con su pasado.

Eso no se consiguió, a su juicio, con la ley de amnistía en la que se basó la Transición, que fue en realidad una ley "de punto final" cuando lo que tenía que haberse hecho es constituir una comisión de la verdad que hubiera proporcionado realmente a las víctimas del franquismo y sus familiares "justicia y reparación".

En esta misma línea, Javier Lambán ha reconocido que "no hay excusa" para que las administraciones públicas no consideren las políticas de la memoria histórica como "prioritarias", por razones "éticas" pero también porque el paso del tiempo va paulatinamente acabando con la generación que sufrió la represión franquista y eso causa problemas, por ejemplo, en la identificación de las víctimas que aún yacen en las cunetas y las fosas comunes.

En este sentido, ha reconocido que la ley aragonesa de memoria histórica de 2007 fue un "avance importante", pero ha dicho que además de cumplirla, hay que desarrollar "lo que quedó inconcluso", como el programa "Amarga Memoria", que tenía como objetivo fomentar la investigación y la difusión del período comprendido entre la proclamación de la II República y la Transición y reafirmar la dignidad de las víctimas.

Para Lambán, estas tienen el derecho a "descansar en paz" y a ser enterradas "como se merecen". "Un país que no asume su historia y no está de acuerdo con ella tendrá muchas dificultades para forjar un futuro común", ha advertido Lambán, que es historiador.

Para conseguir esa consolidación y para que los más jóvenes no olviden esta historia, el Departamento de Educación ya ha puesto en marcha este año una iniciativa para incluir contenidos sobre la Memoria Histórica en los currículos de Cuarto de la ESO y Segundo de Bachillerato.

Y en el horizonte, la iniciativa más importante será la ley de memoria democrática, que ya se ha empezado a hablar y tramitar, que estará aprobada a finales de 2017 tras un proceso de participación "absolutamente fundamental" de las asociaciones memorialistas.

Según Lambán, el objetivo es que las administraciones públicas "se impliquen más" en las exhumaciones de cadáveres, en la elaboración de un censo de víctimas y de fosas o en poner en marcha bancos de ADN para la identificación de los asesinados o de los niños robados.

Enrique Gómez ha insistido en que en este aspecto no se puede trabajar "de manera deslabazada" ni descoordinada en función del "color político" del gobierno. Y ha enfatizado que hay que hacer un trabajo "de base" importante de pedagogía con las nuevas generaciones, para que las víctimas "no queden en el olvido", sometidas a una "segunda muerte".