Los colegios de abogados pedirán la suspensión del Decreto de Justicia Gratuita

Los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel han anunciado este viernes su intención de presentar un recurso contencioso administrativo e incluso de pedir la suspensión cautelar del Decreto de noviembre sobre Justicia Gratuita del Gobierno de Aragón que modifica el anterior.

Los decanos de los colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel, Antonio Morán, Ángel García y Manuel Gómez, respectivamente, han asegurado en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de las tres Juntas de Gobierno de los colegios, así como de los miembros del Pleno del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, que este Decreto supone una "grave reducción" en la inversión en Justicia.

Además han manifestado que este Decreto no solo afecta a los Colegios de Abogados sino que también lo hace con el Colegio de Procuradores, y sobre todo a los ciudadanos que son los destinatarios de la Justicia Gratuita, un servicio público que equiparan a la Sanidad y la Educación y que está desarrollado constitucional y legalmente.

Por ello, han apuntado, deben ser los poderes públicos los responsables de la organización y dispensación de estos servicios para que todos los ciudadanos tengan derecho a los medios de defensa oportunos aunque no dispongan de medios económicos.

Serán los Colegios de Abogados los responsables de administrarlos, aunque el último responsable es el Estado y en el caso de Aragón, al tener las transferencias en Justicia, el Gobierno de Aragón.

Han resaltado que el nuevo Decreto, publicado el pasado 17 de noviembre, va a suponer una disminución de la inversión por parte del Gobierno de Aragón con respecto a otras Comunidades Autónomas en Justicia y más concretamente en Justicia Gratuita.

Antonio Morán ha afirmado que la reducción de la inversión para Justicia en general para este año en Aragón ha sido de un 0,8% y de esa cantidad se destina un 5,9% a Justicia Gratuita.

En este sentido, ha explicado que han analizado y comparado los informes de la Justicia Dato a Dato, una publicación que hace todos los años el Consejo General del Poder Judicial entre 2014 y 2016 y que sitúan a Aragón a la cola de las comunidades, tan solo por delante de La Rioja, que destina un 5%, mientras que el resto se sitúan entre el 8 y el 9%, y en los casos de Asturias es del 10%, en Canarias del 11% y en Cataluña del 13%.

Otro dato significativo, ha apuntado, es que también en el coste por ciudadano Aragón "está a la cola" con 3,16 euros, de nuevo únicamente por delante de La Rioja, con 2,83 euros, mientras que en el análisis del resto alcanza los 3,5 euros y en algunos casos llega hasta los 6.

Ha recordado que los responsables de los tres colegios aragoneses han mantenido diferentes reuniones con la Dirección General de Justicia del Gobierno aragonés "durante muchos meses" y que el único documento que tenían sobre la mesa era el del Decreto de 2014, que les parecía "razonable".

A su vez, ha lamentado la "oportunidad perdida" antes de la aprobación del nuevo Decreto para haber tramitado una ley de Justicia Gratuita "con unas miras más amplias", ya que la anterior ley data de 1996 y tiene "muchos flecos pendientes de solución".

Este nuevo Decreto, ha afirmado, va a tener consecuencias "perjudiciales no solo para los colegios", que se van a ver obligados a reestructurar sus plantillas, sino también para los ciudadanos porque los recortes en gastos de infraestructuras les van a afectar a medio y largo plazo. En Zaragoza, estiman que la Justicia Gratuita les va a suponer unos costes de unos 350.000 euros.

A modo de ejemplo, ha apuntado que solo en el Colegio de Zaragoza en 2015 se tramitaron más de 12.000 expedientes y se realizaron más de 20.000 actuaciones en el marco de la Justicia Gratuita, con unos costes que son responsabilidad del Estado que debe ser quien los soporte.

En el caso de Aragón, el Gobierno debía determinar la cuantía que se satisfaría por cada actuación siempre que "los costes internos de los Colegios quedasen satisfechos" y que es responsabilidad del Estado y no se puede derivar a particulares, pero con el nuevo decreto eso no se produce y por lo tanto deberán ser los propios abogados con sus cuotas los que asuman los gastos para la administración de la Justicia Gratuita.

En cuanto a la negociación que han mantenido con el Gobierno de Aragón, ha criticado que no haya asumido ninguna de las propuestas que le han realizado, aunque también ha dejado claro que tienen la intención de seguir hablando.

Por su parte, Manuel Gómez ha recordado que en la Constitución se reconoce a todos los ciudadanos el acceso a la Justicia, "un logro que hay que mantener", y en el caso de Aragón al tratarse de una competencia transferida su Gobierno es el que debe asumirlo.

Ángel García ha incidido en que la Justicia es "un derecho fundamental y un principio constitutivo" y por ello se tiene que "garantizar en todo el territorio, esté más o menos poblado" y por eso "no se pueden hacer cuentas con un derecho fundamental".

Gráficamente ha explicado que en Aragón "no todo el mundo vive en el Paseo de la Independencia", en referencia a la céntrica avenida zaragozana, y por ello ha criticado que con el nuevo Decreto aprobado por el Gobierno de Aragón "lejos de ser una solución ha agravado" los problemas porque está más burocratizado y ralentiza el servicio.