Un total de 604 viviendas particulares de Aragón han dado ya el paso para poder ofrecerse como alquileres turísticos de manera legal y controlada. Estos inmuebles han regularizado su situación y cuentan con el número de registro preceptivo que exige el reglamento de las viviendas de uso turístico (VUT) en Aragón para poder operar sin temor a sanciones o multas.

Según los datos facilitados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (Consejería de la que depende la Dirección General de Turismo), el mayor número de pisos regularizados hasta ahora (casi el 67% del total) se encuentra en Huesca, donde se han legalizado 404; en la provincia de Teruel hay 109 viviendas registradas y 91 en Zaragoza.

Por comarcas, Alto Gállego (con 183 pisos) y la Ribagorza (con 142) son, con diferencia, las zonas de Huesca donde más viviendas particulares han aflorado y se han legalizado como alquileres turísticos, opacos hasta ahora.

En Zaragoza, es la propia capital la que ha regularizado un mayor número de estos pisos (67). Por último, en la provincia de Teruel, las comarcas de Bajo Aragón (31), la Sierra de Albarracín (25) y la comarca de Teruel (23) han sido las que un mayor número de viviendas irregulares han registrado y regularizado.

A la luz de estos datos, la directora general de Turismo, Marisa Romero, se ha mostrado satisfecha ya que entiende que se están cumpliendo los objetivos que el Gobierno autonómico se fijó cuando en mayo aprobó el decreto para regular las VUT (viviendas de uso turístico), una tipología que en la Comunidad se hallaba en una especie de limbo legal.

Para Romero, el balance de este primer año y medio de vida de la norma es "positivo" ya que se trataba, explica, de "garantizar la calidad y hacer frente a la competencia desleal que se estaba produciendo". En opinión de la directora general de Turismo, "esta es una manera de hacer aflorar la economía sumergida y afinar los datos estadísticos relacionados con el turismo".Opacidad fiscal

Hay que recordar que hasta la publicación del decreto, estos alquileres no contaban con una regulación específica: no les afectaba la norma que legisla sobre los apartamentos turísticos o el turismo rural. En el mejor de los casos, los propietarios que arrendaban viviendas privadas a turistas lo hacían bajo el paraguas legal de un arrendamiento inmobiliario y declaraban estos ingresos a Hacienda. Aunque la mayoría de los inmuebles se alquilaban en economía sumergida y no tenía reflejo fiscal.

Por otra parte, estos pisos no estaban sujetos a ningún tipo de control; nadie supervisaba si cumplían con unos requisitos mínimos de calidad y mantenían unas condiciones aceptables de habitabilidad y confort. El decreto exige una serie de condiciones a estos inmuebles (tamaño, equipamiento, higiene, publicidad de los precios...) para poder pasar la inspección y obtener el número de registro que legaliza su uso turístico.

Desde la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón se asegura que, de momento, no se ha sancionado a ningún propietario que estuviera ofreciendo su vivienda particular para uso turístico sin estar registrada. Y apuntan que en los casos en los que se ha detectado que se están ofertando viviendas sin contar con el número de registro, se ha informado al propietario sobre la necesidad de hacerlo y las casas se han regularizado.