“Es angustioso estar entre los 32 aprobados y no saber ni si habrá una segunda prueba"

Pilar (nombre ficticio) lleva cinco meses de angustia. Desde que el pasado 19 de junio salió de la oposición de auxiliar administrativo para el Gobierno de Aragón, no ha podido descansar: “En el momento en el que salimos, la gente ya empezó a decir que se tenía que repetir todo el proceso. Ni siquiera he podido alegrarme por haber aprobado la prueba”. El examen -que constaba de dos partes, psicotécnico y legislación-, tuvo una gran repercusión ya que más de un millar de personas se quejaron de que había errores de procedimiento, preguntas mal formuladas y cuestiones fuera de temario.

De hecho, tal fue el impacto que tuvieron que, en menos de un mes, el tribunal resolvió las diferentes alegaciones con un cambio en el criterio de corrección. “La primera parte del examen tenía 25 preguntas y valía 10 puntos, la segunda constaba de 50 cuestiones y suponía 20 puntos. Había que superar ambas con un 5, es decir, era necesario tener 13 y 25 respuestas positivas respectivamente”, explica Pilar. Sin embargo, con la resolución del 4 de julio, el baremo cambió. Ya no había que tener 13 y 25 sino que era suficiente con 8 y 16 respuestas correctas.

“A partir de entonces empezó a vulnerarse el derecho a la igualdad y al mérito de las 32 personas que habíamos superado esa primera prueba”, relata. Según señala, aquel que con ocho preguntas acertadas había obtenido un 3,2, pasa a tener un 5; mientras que si alguien hubiera tenido 16 aciertos, no tendría un 10. “De este modo, se están puntuando con más valor los 8 primeros aciertos, mientras que el resto tienen menos peso proporcional”, recalca. Además, sostiene que existe jurisprudencia tanto del TSJA como del Tribunal Supremo, que especifica que después de establecer unos criterios de corrección, no se pueden modificar.

“Con estos cambios, estoy segura de que ya no estaría entre los 32 con mejor nota, a pesar de haber sido de los 32 aprobados”, explica. Por ello, considera que, además de los derechos anteriormente nombrados, la resolución del 4 de julio también vulnera el de publicidad y transparencia. “Si hubiera sabido que finalmente se conseguía un cinco con tan pocos aciertos, no me hubiera organizado como lo hice. Era consciente de que la parte psicoténica era la que peor llevaba, por ello invertí más tiempo para asegurarme el aprobado y después no tuve los minutos suficientes para hacer debidamente la segunda. Otros lo hicieron al revés y con la resolución del 4 de julio han obtenido mejor nota que yo”, lamenta.

Asimismo, recalca que esta modificación de criterios afecta a las más de 4.500 personas que se presentaron a la oposición (había unos 8.600 inscritos): “Si yo me hubiera organizado de otra forma y podría haber aspirado a más nota, ellos también. Hay gente que contestó de más (por cada pregunta fallida, se restaba el valor de un acierto) para llegar a 13 y 25 aciertos respectivamente. Si hubieran sabido que con 8 estaban aprobados, no hubieran arriesgado tanto”.

Por todo esto considera que la decisión que tomó el nuevo tribunal (el anterior dimitió en bloque por discrepancias con los servicios jurídicos de la DGA a la hora de puntuar) de anular la resolución del 4 de julio “está totalmente justificada”. “Lo que se hizo no fue bajar la nota de corte a un 3,2 (8 aciertos) y que 300 personas más consiguieran pasar a las segunda fase, pero con una nota más baja; sino que se les subió la calificación, causando un perjuicio a aquellos que la habíamos aprobado en primera instancia”, recuerda.

Tras la nueva situación, los más de 300 opositores que volvían a estar suspensos, presentaron un recurso de alzada a la decisión del nuevo tribunal. Por ello, finalmente, esta semana el departamento de Hacienda y Administración Pública de Aragón suspendió provisionalmente la oposición de auxiliares hasta que se resuelvan los recursos. “Todo esto nos está generando mucha angustia a todos porque, a pesar de tener aprobado el primer examen, no sé cuándo podré presentarme al siguiente (que también es clasificatorio), si finalmente se hace y no se anula todo el proceso”, explica.

Desde su punto de vista, lo más equitativo y lógico hubiera sido que ya se hubieran celebrado las dos pruebas que restan: informática y una tercera voluntaria y de mérito, y que se hubiera convocado una nueva oposición para conseguir cubrir las plazas que queden libres de las 131 que se sacaron en esta oposición. “Así se cumpliría con la legalidad de esta prueba y pasaría el menor tiempo posible para la nueva convocatoria, ya que tal y como estamos, ninguno vamos a obtener plaza a corto plazo”, lamenta.