La delegación de la Inspección de Trabajo en la provincia ha detectado hasta este momento un total de seis irregularidades laborales en el Centro de Observación y Acogida (COA) de menores de Zaragoza después que de que recientemente constatara que otra educadora realizó su labor profesional sin haber formalizado previamente un contrato. Tampoco se había comunicado el alta de la trabajadora en el Régimen General de la Seguridad Social.

Estas dos situaciones se daban también en las cinco irregularidades constatadas por Inspección de Trabajo en el mes de agosto y por las que la empresa concesionaria, la catalana Intress, tuvo que abonar a la Seguridad Social un importe total de 363,49 euros, según explicaron entonces fuentes de la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales.

En el informe, al que ha tenido acceso Heraldo.es, los inspectores concluyen que la empleada "trabajó los días 23 y 24 de abril de 2016", pero la empresa no llevó a cabo las gestiones ineludibles a la hora de contar con un nuevo trabajador. Por ello procedieron a comunicar el alta de oficio, extendieron un acta de infracción a la empresa por incumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Social y reclamaron las correspondientes cotizaciones mediante acta de liquidación.

Desde el Ejecutivo autonómico se indica que "se están investigando las supuestas incidencias y, una vez cerrado el informe, se tomarán las medidas que se consideren oportunas".

Además de este nuevo desajuste laboral, el organismo público destaca en su resolución otras faltas de Intress, como que no respetó el descanso de doce horas entre jornadas de una empleada, si bien reconoce que "fue algo totalmente excepcional producido por las circunstancias concurrentes en el caso concreto: la ausencia no prevista del trabajador que debía realizar el turno e inexistencia de una bolsa de personas suplentes a los que acudir en estos casos".

Inspección también concluye que el servicio de prevención propio de la sociedad "no ha ejecutado una de sus principales obligaciones, efectuar la evaluación de riesgos en los aspectos relativos a las especialidades por él asumidas. La empresa no ha efectuado la evaluación de riesgos psicosociales a pesar de ser uno de los mayores riesgos a los que están expuestos los trabajadores".

Hace un mes se dio un plazo de 60 días para que adoptara una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra la obligatoria realización de la evaluación de riesgos y la formación adecuada para los trabajadores. Según fuentes consultadas, todavía no se han llevado a cabo estas actuaciones.

En la comunicación oficial también se refleja la obligación de Intress de "efectuar la vigilancia de la salida de los trabajadores del centro de trabajo", que meses atrás denunciaron que llevaban "más de un año" sin pasar la revisión médica "pese a estar expuestos a enfermedades como hepatitis, tuberculosis o VIH".