Las víctimas del Corona reclaman otra investigación judicial del incendio de 1979

Van a pedir que una sala de conflictos decida si debe reabrirla la Audiencia Nacional o un juzgado de Zaragoza. Los dos jueces instructores consideraron que no eran competentes sobre el suceso, en el que murieron 79 personas.

Imagen de archivo del incendio del hotel Corona de Aragón en la mañana del 12 de julio de 1979.
Imagen de archivo del incendio del hotel Corona de Aragón en la mañana del 12 de julio de 1979.
Heraldo

Las víctimas del incendio del hotel Corona de Aragón, que ocurrió el 12 de julio de 1979, no se rinden para que un juzgado investigue el suceso en el que murieron 79 personas y determinar si el fuego fue fortuito o provocado. Tanto el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, como el juez José Ignacio Martínez, del Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza se han declarado incompetentes para reabrir el sumario. Por ese motivo, el abogado de las víctimas Pedro Cerracín prepara ahora un escrito que presentará en los próximos días para que una sala de conflictos, integrada por varios magistrados del Tribunal Supremo, decida qué juzgado debe reabrir la causa para llamar a testigos que no prestaron declaración en el proceso sobreseído.

 

"Se trata de un conflicto de competencia entre los dos juzgados, a pesar de que aportamos una sentencia del Tribunal Supremo (la sala de lo Contencioso administrativo)que determinó que el incendio fue un atentado con un informe de un jefe de bomberos en Madrid y nos dio la razón", detalló Pedro Cerracín. Las víctimas denuncian que el incendio no fue fortuito por un fuego en la churrera de la cafetería Formigal del hotel, sino que se trató de un atentado porque coincidía con la entrega de despachos en la Academia General Militar y se hospedaba Carmen Polo, la viuda de Franco.


El procedimiento penal, que se abrió a raíz del incendio por el juez Fernando Soteras, se cerró en mayo de 1981 al quedar sobreseído el sumario en la Audiencia Provincial de Zaragoza, por no "resultar debidamente justificada la perpetración del delito". Su hijo Rafael Soteras, fiscal coordinador en Zaragoza, remitió una carta a HERALDO en la que señaló: "Mi padre, como juez instructor, siempre sostuvo que era un atentado". Agregó que su padre magistrado sostuvo "la existencia de terceras personas desconocidas que, de manera consciente, pudieron interrumpir el nexo causal, colocando sustancias inflamables o explosivos, motivando un desmedido incremento del incendio inicial".

La sentencia del pirogel

En este sentido, el juez Santiago Pérez Legasa, titular del Juzgado de Primera Instancia 4 de Zaragoza, recuerda que su sentencia civil que dictó en 1985 intervino "un elemento extraño o exógeno que bien pudo ser un pirogel de fácil composición, cómodo y disimulado transporte, rápida y discreta colocación por expertos y de accionado controlado, capaz de provocar altas temperaturas, entre los 1.000 y 1.200 grados".


"Mi sentencia se apeló a la Audiencia de Zaragoza y la sala formada la revocó por tres a dos magistrados. Pero luego fue confirmada por el Tribunal Supremo. Posteriormente, un miembro del Consejo de Estado me dijo que siguieron paso a paso mi sentencia para realizar su dictamen para el Gobierno", señaló Pérez Legasa, expresidente de la Audiencia de Zaragoza y jubilado hace diez años, a este diario. "Como consecuencia de ello el Gobierno pudo incardinar a las víctimas del incendio en la ley de protección de víctimas del terrorismo y les concedieron la medalla. Cobraron indemnización quien cumplió los trámites, aunque alguno llegó tarde", dijo.


El Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza archivó en julio de 2015 la querella por el incendio del Hotel Corona y eludió investigar la muerte de 79 personas y 133 heridos porque considera que un supuesto de terrorismo no es de su jurisdicción sino de la Audiencia Nacional.


De esta manera, el magistrado siguió la opinión del fiscal, quien decidió también no admitir la querella presentada por los afectados del incendio.

Seguir las pesquisas

Cinco afectados pretenden con esta querella por asesinato e incendio terrorista continuar las pesquisas sobre el suceso. La Audiencia Nacional reabrió el caso en 2013 y el juez Andreu decidió archivarlo en junio de ese año porque las Fuerzas de Seguridad del Estado contestaron a su petición que no tenían datos sobre la reivindicación del supuesto atentado. Por ese motivo, señaló que "ningún nuevo dato se ha producido que avale que la comisión de los hechos se realizase por organización terrorista". Las víctimas del Corona no decaen en su batalla para conocer qué pasó.

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