La odisea de reciclar un termómetro de mercurio

La gestión de residuos en la ciudad de Zaragoza tiene un agujero negro desde hace años que sigue sin solución: los productos peligrosos de uso doméstico. En la actualidad todavía no existe un mecanismo eficaz para deshacerse de este tipo de agentes nocivos para el medio ambiente por parte de los vecinos de la capital aragonesa.

Un ejemplo claro son los termómetros de mercurio. A pesar de que su venta está prohibida desde 2009, su resistencia hace que todavía estén presentes en muchos hogares. Y el problema llega a la hora de tirarlos o reciclarlos. En lo primero que piensa el usuario es en los puntos limpios de la ciudad. Pero pronto se lleva una sorpresa.

Estos centros de recogida de residuos no admiten los catalogados como peligrosos. Sprays, pinturas, disolventes, cartuchos de tinta o los propios termómetros de mercurio están vetados. Desde el Ayuntamiento derivan estos casos a los gestores de residuos habilitados por el Gobierno de Aragón.

Para ello existe una página web de información de la DGA -desactualizada y con errores de visualización-, con listados de empresas que se dedican al reciclado de estos productos. Sin embargo, sus servicios suelen exigir cantidades mínimas de bidones o incluso toneladas del residuo peligroso en cuestión, algo totalmente alejado del uso doméstico.

En el caso de los termómetros, otra vía que mucha gente se plantea es la de las farmacias, al igual que hacen a la hora de recoger los medicamentos caducados. Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza aclaran que no se hacen cargo de este tipo de útiles.

Soluciones

En la propia Unión de Consumidores de Aragón (UCA) reconocen que reciben “muchas llamadas quejándose” de este vacío en la gestión de residuos, no solo de Zaragoza, sino de toda la Comunidad, por lo que reclaman una solución. Para Luis Clarimón, responsable de Medio Ambiente de CC.OO. Aragón, “hay que modificar las ordenanzas municipales para que acepten este tipo de residuos”.

Además, la gestión de los puntos limpios de la ciudad está subcontratada a la empresa FCC, por lo que “también habría que cambiar los pliegos” para que se conviertan en un canal habilitado de estos productos domésticos, sin un salida medioambientalmente responsable en la actualidad.

De hecho, Clarimón recuerda que hoy en día solo las empresas están obligadas a una gestión adecuada de los productos peligrosos. “En el caso de las personas físicas, se reduce a una cuestión de voluntad o conciencia”, señala, por lo que arrojar estos residuos a cualquier papelera no sería ilegal. “¿Cómo se les va a obligar si no tienen un canal donde reciclar correctamente?”, concluye.