Los instaladores apremian al cambio en la calefacción central de 137.000 viviendas

Más de 137.000 viviendas aragonesas deberán hacer frente en los próximos meses a una reforma de sus radiadores. Son todas aquellas que, según el último censo, cuentan con un sistema de calefacción central -una de cada cuatro en la Comunidad-, y que tienen que incorporar aparatos de medición y válvulas de regulación individualizadas para cada casa por mandato europeo.

De hecho, la directiva de la Unión Europea obligaba a dar este paso antes del 1 de enero de 2017, plazo que se incumplirá por los retrasos que ha generado este año de Gobierno central en funciones, que no ha ejecutado la transposición necesaria para aplicarla.

En cualquier caso, la modificación es inevitable, y previsiblemente se activará el próximo año, por lo que los instaladores reclaman que se haga “cuanto antes” para contar con un plazo suficiente como para afrontar tal volumen de reformas. Como explica José María Marcén, presidente de la Asociación Provincial de Fontanería, Calefacción y Afines (APEFONCA) de Zaragoza, la instalación de las válvulas termostáticas -que miden y permiten modificar la temperatura de una habitación- “solo puede realizarse con la calefacción apagada, por lo que tendremos entre los meses de abril y octubre”.

A parte de este aparato, las viviendas deberán contar con repartidores de coste, que serán los encargados de medir el consumo real de radiador, y en este caso su instalación puede hacerse en los meses de invierno. En total, el coste por hogar puede oscilar entre los 500 y 1.000 euros, un importante desembolso económico pero con grandes beneficios, y que además prevé el pago fraccionado.

Según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, se estima que estos nuevos dispositivos podrían reducir la factura hasta en un 25% con un ahorro medio de 225 euros al año, lo que aliviaría los bolsillos tanto de los vecinos como de las comunidades. Además, mejorarán la eficiencia energética de los inmuebles, controlada desde 2013. En Aragón, nueve de cada diez edificios certificados obtienen un suspenso en este apartado.

En el aspecto medioambiental, la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca), calcula que de implantarse este medida se evitaría la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año en España. Desde este colectivo recuerdan que “la calefacción (60%) y el agua caliente (24%) constituyen el 84% del consumo de energía de un edificio”.

Por todo ello, algunas comunidades de vecinos ya han iniciado las reformas en sus sistemas de calefacción en Aragón, ya que “la gente solo quiere pagar por lo que gasta”, según Marcén, aunque reconoce que “en Zaragoza todavía son pocas, la mayoría está esperando a la transposición del Gobierno”.