La DGA no prevé recortes en sus empresas públicas
Tras las liquidaciones, fusiones y ventas de la pasada legislatura, solo se prevé un máximo de tres desinversiones
El Gobierno de Aragón no prevé más liquidaciones, fusiones o ventas de empresas más allá de en tres sociedades interpuestas. Así lo ha asegurado esta tarde el consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), Félix Asín, quien ha señalado que las desinversiones previstas solo se harán si salen los números tras lograr compradores.
La reducción del sector público se acometió a lo largo de la pasada legislatura, lo que supuso pasar de 103 a 46 empresas, además de la salida de personal de plantilla. En la actualidad, las compañías cuentan con más de medio millar de trabajadores, el 80% de los cuales forman parte de Sarga. En este sentido, Asín ha aclarado que tampoco se prevé una reducción de los recursos humanos.
El consejero delegado de la CEPA ha detallado la estructura en una comparecencia en las Cortes de Aragón, solicitada por Ciudadanos, en la que ha dado a conocer las líneas maestras del nuevo plan estratégico, vigente para el periodo 2016-2020, que recoge medidas de amplio recorrido y con el que se pretende dar estabilidad a la actuación del grupo.
Así ha incidido en la necesidad de crear una cultura de grupo para ganar en eficacia y eficiencia y convertirse en un verdadero referente. Eso sí, ha resaltado que uno de las principales líneas de trabajo marcadas es orientar y dimensionar el sector público empresarial a la prestación de servicios y generación de valor.
Los grupos políticos se han mostrado críticos en sus intervenciones. El diputado de Ciudadanos Javier Martínez ha cuestionado la pretensión de homogeneizar las retribuciones de los directivos con los de la Administración si se pretende contar con los mejores y se ha interesado por la modificación de la cartera de actuaciones del grupo.
Especialmente duro ha sido el diputado de Podemos Nacho Escartín, quien ha hablado del rescate con dinero público de un grupo totalmente asfixiado que pretendió financiarse con la burbuja inmobiliaria y acumula una deuda de 600 millones.
El popular Ricardo Oliván ha tildado de falta de respeto que se lance un plan estratégico de la Corporación que abarca dos legislaturas sin consensuarse en la Cámara y ha considerando que es otro diseño sectorial que adolece de una estrategia general del Gobierno. Se ha empezado la casa por el tejado, ha lamentado.
El parlamentario aragonesista Jesús Guerrero ha recordado el recorte del 40% que ha sufrido la Corporación antes de mostrar su preocupación por el hecho de que el plan de ajuste pueda afectar a las transferencias a la CEPA. Mientras, la diputada de IU Patricia Luquin ha aludido al margen de mejora en la gestión, como demuestran los críticos informes de la Cámara de Cuentas.
Por su parte, la socialista Julia Vicente ha destacado el impulso que supone el plan estratégico para optimizar las inversiones públicas e impulsar el desarrollo económico de Aragón.
