Los afectados por la oposición de la DGA a auxiliar administrativo irán a juicio

Todavía no se ha resuelto, pero ya parece seguro que la oposición a auxiliar administrativo del Gobierno de Aragón acabará en los tribunales. Tanto los afectados por el polémico proceso selectivo como el sindicato CC. OO. han anunciado que presentarán recurso contencioso-administrativo.

Esta es su intención si, como temen, la DGA rechaza sus recursos de alzada. Un grupo de afectados lo presentó ayer para impugnar el proceso convocado para cubrir 133 vacantes. Una vez celebrado el primer examen, el 19 de junio, y tras la dimisión del tribunal y la anulación de su decisión de rebajar la nota de corte, solo 32 personas han pasado a la siguiente fase. Además, cuatro de ellas han obtenido plaza en la oposición de administrativo, por lo que previsiblemente no se presentarán a la segunda parte del examen de auxiliar, una prueba de informática aún sin fecha.

Ello reduce los potenciales candidatos a 28, con lo que quedarían como mínimo 105 vacantes sin cubrir. Se inscribieron más de 8.000 personas y se presentaron unas 5.000, de las que con la nota de corte rebajada hubieran pasado más de 300, las que ahora se han movilizado. "Nos parece muy injusto porque han jugado con nosotros después del tiempo y el dinero invertidos", afirmó Silvia Morales, una de las perjudicadas por la decisión del nuevo tribunal de recuperar la nota de corte inicial. Ayer acudió junto con una veintena de compañeros en su misma situación a presentar el recurso de alzada.

"No pedimos que nos den la plaza, solo que el proceso siga igual y nos den la opción de hacer la prueba de informática y de entrar en la bolsa", explicó. Por ello, exigen que "se respeten los acuerdos del primer tribunal, que, según las actas, dimitió porque le presionaron y no estaba de acuerdo con anular esa nota de corte".

Además, reclaman que en las oposiciones de la DGA haya tribunales profesionales, "igual que en las del Estado". Y cuestionó una vez más el nivel del examen: "No nos parece normal que, siendo casi todos diplomados y licenciados –solo se requiere la ESO o EGB–, hayan aprobado 32. Hay mucha gente que sí nos lo preparamos". Recordó que ya hubo polémica con las preguntas de la prueba porque "el nivel no se adecuaba para nada".

El viernes acudirán al pleno de las Cortes, donde Podemos preguntará al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, qué medidas piensa adoptar. Y también han hablado con otros grupos parlamentarios para que soliciten la comparecencia del director general de Función Pública, Ignacio Zarazaga.

Ayer recibieron el apoyo de CC. OO., que ya exigió la dimisión del director del Instituto Aragonés de la Administración Pública, Agustín Garnica, como responsable directo de lo que Francisco José González calificó de "desastre, fracaso y engaño a los opositores". "Hay que revisar la decisión –reclamó–, porque no hay informe jurídico ni documentación oficial que diga por qué ha sido anulada la resolución del tribunal". "Nadie quiere dar explicaciones", criticó, como se evidenció el viernes en la apertura de plicas, que acabó en bronca. Comisiones también presentará recurso de alzada y pedirá la suspensión cautelar del proceso y, si es necesario, irán a los tribunales, ante la "cobardía" de Función Pública". La DGA afirmó que la selección "sigue adelante" y que el tribunal es "autónomo en sus decisiones".