Hacienda hace caja con los deudores de Aragón: ingresa 33,5 millones por multas y recargos

Los ingresos obtenidos por la Agencia Tributaria el año pasado suponen la cifra más elevada de la última década.

Los aragoneses ahorran por encima de la media española, según un informe.
La Agencia Tributaria puso en Aragón sanciones por valor superior a los 7,5 millones en 2015.
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Están a punto de cumplirse cinco años de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, quien juró este lunes su cargo de presidente ante el Rey. En 2011, el PP llegó a la Presidencia con la convicción de aliviar a un país sumido en una gran recesión. En los primeros compases, el Ejecutivo fue tomando diversas medidas encaminadas a aumentar el dinero disponible del Estado: recortes en Sanidad y Educación, reestructuración de la Administración Pública y erradicación del fraude al Estado de empresas y particulares, entre otras.


Esta última misión pivotó sobre diversos puntos: amnistía fiscal, 'caza' al moroso, control de ayudas y subvenciones... La Agencia Tributaria comenzó a liquidar cuentas con miles de personas físicas y jurídicas y, aunque probablemente no cobró toda la cantidad de dinero que se le debía, consiguió recuperar parte del dinero. Y parece que, al menos en lo que se refiere a sanciones tributarias por conductas contrarias a las leyes del fisco, intereses de demora y recargos, no le ha ido nada mal.


Así se desprende de los últimos informes publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En Aragón, el año pasado se anotó la cifra más elevada de recaudación de los últimos 12 años en lo que conceptos derivados de deudas se refiere. Se superaron los 33,5 millones de caja. Solo en el año 2009, primer ejercicio completo en recesión, la cifra obtenida por la Agencia Tributaria se asemejó un poco a la registrada el año pasado: entonces se recaudaron 33,2 millones de euros en la Comunidad. Hasta el año pasado esa era la cifra más elevada de la serie histórica.


Dentro de este tipo de ingresos, los conceptos que mayor montante dejan en las arcas públicas son los recargos de apremio. Se trata un gravamen de entre el 5 y el 20% sobre cantidades no satisfechas en el periodo exigido. El año pasado se obtuvieron por esta vía en Aragón más de 19,5 millones de euros, lo que supone un 18,2% más (unos tres millones) que en el ejercicio 2014. La Agencia Tributaria puso en Aragón sanciones por valor superior a los 7,5 millones de euros el año pasado. Con respecto a 2014 se registró en este sentido una caída de lo recaudado porque ese año se habían llegado a ingresar más de ocho millones por este concepto. Los intereses de demora, por su parte, supusieron el año pasado en la Comunidad en torno a 6,4 millones.

Objetivo: liquidar cuentas pendientes

Además de controlar que se tributa adecuadamente, los técnicos de la Agencia Tributaria han tomado otras medidas para perseguir a los grandes deudores y a quienes estaban bajo la sombra de la duda de haber recibido dinero público de forma indebida. Se han adoptado medidas de presión desconocidas. Por ejemplo, hace unos meses se publicó una lista con nombres y apellidos de todos los particulares y empresas que debían más de un millón de euros. ¿El objetivo? A buen seguro señalarles de cara a la opinión pública y que, avergonzados, abonaran lo que debían. Se puso en el disparadero a empresarios reputados, futbolistas y otros personajes conocidos.


Acorde con esta línea 'agresiva' de control también se tomó la decisión de emprender una serie de visitas a aquellos contribuyentes que en su declaración de IRPF incluyeran la desgravación por adquisición de vivienda habitual. En tres años se comprobó si varios miles de beneficiarios seguían manteniendo las condiciones que les permitían acogerse a esta bonificación ya desaparecida.


A pesar de esta intensa labor de 'caza' al moroso quedan cuentas pendientes valoradas en cientos de millones de euros. Es el caso de las multas por infracciones de tráfico. La DGT cifra en alrededor de 20 millones las multas impagadas en todo el país y estima que representan un agujero superior a los 420 millones de euros en las arcas públicas.

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