Las grandes fortunas no dejan de crecer en Aragón: han aumentado en 681 personas desde 2011
El número de personas que tiene que presentar esta declaración no ha dejado de crecer desde el año 2011.
Todas las personas físicas que residen en España y tienen propiedades (viviendas, acciones, joyas, arte, etc.) valoradas por encima de los 700.000 euros están obligadas, cada año, a presentar el impuesto sobre el Patrimonio. Podría pensarse que estos últimos años, la recesión ha diezmado el número de declarantes de este impuesto. Nada que ver, porque lo cierto es que este grupo de grandes fortunas, lejos de mermar, ha crecido en todo el país: de las 130.216 declaraciones registradas en 2011 se ha pasado a 181.874 en 2014, que es el último dato oficial disponible.
Se trata de cifras oficiales facilitadas por la Agencia Tributaria que ponen de manifiesto un crecimiento de casi 51.700 personas en tan solo cuatro ejercicios. Esto supone un ritmo de más de 12.900 declarantes por año. En Aragón, la evolución de este grupo de población ha tenido el mismo comportamiento que a nivel nacional: entre 2011 y 2015 se ha registrado un aumento de 681 declarantes y ya se sitúa en 6.205 personas (un año antes la cifra global se había quedado en 5.938, lo que se traduce en un aumento interanual de 267 personas).
En estos años, tanto en España como en Aragón, además de crecer el número de declarantes del impuesto ha aumentado la masa patrimonial de la que son propietarios. A nivel nacional, han pasado de poseer bienes valorados en algo más de 430.668 millones (dato correspondiente al ejercicio 2011) a declarar en 2014 cerca de 555.539 millones, lo que se traduce en un repunte de unos 124.871 millones de euros. En la Comunidad, el crecimiento del patrimonio administrado por las grandes fortunas ha experimentado un repunte de 1.596 millones hasta los 15.306 millones de euros que declararon el año pasado. Las inversiones son muy diversas: desde viviendas, fincas y locales a acciones pasando por joyas, vehículos y antigüedades.
¿En qué se invierte?
El grueso del patrimonio de los aragoneses más acaudalados, un año más, sigue encontrándose en productos financieros. En acciones, instituciones de inversión, bonos y deuda pública, entre otros, tienen invertidos en total algo más de 11.514 millones de euros.
A juzgar por el nivel de inversión, el ladrillo les parece una apuesta segura: en este tipo de bienes, sobre todo en aquellos de naturaleza urbana, tienen invertidos en torno a 2.792 millones. El lujo, por supuesto, también está presente en los intereses de esta parte de la población: en vehículos, joyas y pieles la riqueza asciende a 13 millones de euros; mientras que la factura en objetos de arte y diversas antigüedades oscila en torno a 2,2 millones.
El año pasado el patrimonio medio de cada uno de los declarantes aragoneses se situó en torno a algo más de 2,4 millones de euros. Con respecto a otras comunidades autónomas, Aragón aparece situada como la novena región con mayor volumen de dinero. El ranquin lo lideran Cataluña (166.042 millones) y Madrid (140.194 millones). De lejos les sigue la Comunidad Valenciana (54.642), que ocupa la tercera posición.
El impuesto, prorrogado
El impuesto sobre el Patrimonio fue suprimido en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero porque así lo había prometido en la campaña electoral. Fue una de sus medidas estrella pero, en 2011, tuvo que incumplirla: el expresidente socialista recuperó el impuesto porque las arcas públicas estaban asfixiadas por la crisis económica y Patrimonio suponía una inyección extra de más de 1.800 millones de euros al año.
Pero Zapatero no recuperó el impuesto 'sine die': el gravamen se estableció en un primer momento para los ejercicios 2011 y 2012 (con el mínimo exento actualizado de 120.000 a 700.000 euros). Posteriormente, ha sido el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que, año a año, ha ido prorrogando su vigencia través de los Presupuestos Generales del Estado.
Este año, la coyuntura política ha impedido sacar adelante el proyecto para los Presupuestos Generales de 2017 y, hasta hace unos días, todo han sido dudas respecto a Patrimonio. Ha sido el propio Gobierno el que, a través del Plan Presupuestario de 2017 enviado a Bruselas, ha confirmado que un año más existirá la obligación de hacer esta declaración. Una noticia que han celebrado las comunidades autónomas, pues Patrimonio les supone una fuente importante de ingresos.
