174 víctimas de violencia de género han renunciado a declarar contra su agresor

Durante el primer semestre del año se han registrado 1.433 denuncias. La Fiscalía pide una revisión de la dispensa de prestar testimonio que establece la Ley.

La violencia de género, en cifras
La violencia de género, en cifras

Un total de 174 víctimas de violencia de género se han acogido a su derecho a no declarar contra su agresor durante el primer semestre del año en Aragón. La cifra supone el 12,1% de las 1.433 denuncias presentadas por esta materia en la Comunidad, según los datos ofrecidos por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género.


Esta renuncia a declarar, conocida como dispensa, está recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y está en el centro del debate judicial por su incidencia en las investigaciones de casos de violencia machista.




La propia Fiscalía ha señalado la necesidad de un cambio normativo al respecto, dado que en la mayoría de casos, el testimonio de la víctima es la única prueba que puede llevar a una sentencia condenatoria. “Es absolutamente prioritaria” la reforma de este artículo para “evitar el alto índice de impunidad de esta execrable violencia, excluyendo a la testigo víctima de la posibilidad de acogerse a la dispensa, o al menos excluyéndole cuando ella haya sido la denunciante”, reflejó el Ministerio Público en su última memoria anual.


En este sentido, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, señala que “no se pueden dar estos resquicios en la ley”, por lo que apuesta por “un cambio normativo”. Algo que debe ir acompañado de “una mayor implicación social y del entorno de la víctima”.


A su juicio, en la mayoría de los casos, esta renuncia a la declaración por parte de la víctima se da por “miedo al agresor”, e incluso al “temor a no ser creída”. Como consecuencia directa de esta circunstancia, numerosos procesos judiciales terminan sin condena. El año pasado, según los datos de la Fiscalía, el 32,8% de las causas procesadas en Aragón acabaron en absolución.


Como señala Antonio Muñoz, coordinador del Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Zaragoza, “para que haya una condena tiene que haber pruebas suficientes y concluyentes”, y en numerosas ocasiones “la única prueba es el testimonio de la víctima”.

324 órdenes de protección

Por otro lado, el Observatorio ha revelado en sus informes trimestrales que Aragón es uno de los territorios donde más órdenes de protección de víctimas se han aprobado de enero a junio de este año, con un total de 324 medidas puestas en marcha, lo que supone el 79,8% de las solicitudes presentadas. En el conjunto del país, ese porcentaje desciende hasta cerca del 50%.

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