La DGA cifra en 1,5 millones al año el impago de Instituciones Penitenciarias

Desde 2012, ante la falta de convenio económico, los servicios estatales "no aceptan ni hacen efectivo el pago".

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Un millón y medio de euros, sin contar el tratamiento para la Hepatitis C, es la cantidad que factura anualmente el Salud a Instituciones Penitenciarias por la prestación especializada dirigida a la población reclusa y que, desde 2012, ante la falta de convenio económico, los servicios estatales "no aceptan ni hacen efectivo el pago".


Así lo ha explicado este viernes en la Comisión de Sanidad el director general de Asistencia Sanitaria, Manuel García Encabo, en una comparecencia para informar sobre la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria.


Un ámbito para el que este responsable sectorial ha apostado por "asumir cuanto antes mejor pero, sobre todo, bien financiado". Mientras tanto, "se va a seguir prestando la misma asistencia que hasta ahora, con la misma calidad y unas condiciones óptimas".


"Si es posible, se mejorará. Ningún ciudadano que esté en un centro de reclusión va a dejar de recibir ninguna prestación ni cuidado que esté en la cartera de servicios por este hecho", ha asegurado García Encabo.

En relación al futuro próximo, el director general ha apostado por que "cuando haya Gobierno central se pueda discutir en un foro con el resto de Comunidades y asumir la competencia, pero en unas condiciones adecuadas".

Apoyo del PP


La diputada del PP, Carmen Susín, ha expresado a este responsable sectorial su apoyo "para negociar la transferencia, pero bien financiada". "Esta es la necesidad. Allí tendrán nuestro apoyo sin necesidad de propaganda gubernamental o de partido en forma de iniciativas de impulso o notas de prensa", ha asegurado esta diputada.


Además, también ha aprovechado su intervención para criticar que "había más temas encima de la mesa" en el plano de las comparecencias y "el desconocimiento puesto de manifiesto por la mala fe de algún grupo parlamentario".


La parlamentaria socialista, Olvido Moratinos, ha lamentado los "incumplimientos sistemáticos en sanidad penitenciaria en nuestro país". "Trece años y todavía no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario. Tenemos un modelo mixto y difuso", ha indicado, para agregar que "una parte de la población española se ha visto discriminada en cierta medida en su derecho de igualdad de condiciones en salud".


En este debate, la diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha considerado que "la asistencia mejoraría si se diera completamente desde Aragón por muchos motivos". Entre ellos, ha citado "la reducción de ineficacia e ineficiencia", "el gasto derivado de dos administraciones" y "mejora en calidad de atención y de la situación de los profesionales". "El escenario actual es un limbo peligroso que puede tener posibles consecuencias para la población reclusa", ha opinado Cabrera.

Financiación adecuada


La diputada del Partido Aragonés (PAR), Berta Zapater, ha recordado que su grupo es "partidario de las competencias siempre que vengan con financiación adecuada, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera".


"Tenemos que plantear realmente si interesa asumirlo", ha añadido en este sentido. Además, ha preguntado a García Encabo por el importe de los impagos de Instituciones Penitenciarias y ha querido conocer "si otras Comunidades autónomas están igual que nosotros".


La parlamentaria de Ciudadanos (C's), Susana Gaspar, ha expresado que "siempre que se habla de asumir competencias desde el Estado se debe facilitar la financiación". "En estos momentos, no solo en Aragón, la atención sanitaria a la población reclusa está garantizada y es de buena calidad", ha defendido.


Gaspar ha advertido de que "el problema es que instituciones penitenciarias no está abonando las facturas", ha explicado. Por eso, su formación ha estimado "importante asumirla", pero "fundamental y prioritario que vaya acompañado de financiación suficiente".


Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) también ha coincidido en que "no deberíamos permitir que las transferencias fueran asumidas de forma deficiente sobre todo económicamente". En su opinión, "el Salud debe facturar a todos los aseguramientos que hay por ahí", entre los que ha citado, además del relativo a la comparecencia, "las compañías de seguros y MUFACE". Martínez también ha apostado por "poner encima de la mesa las peticiones de los profesionales que están en las instituciones en atención primaria".

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