La Audiencia Nacional archiva el caso de Giménez Abad sin la entrega de Mikel Carrera
La Fiscalía recurrió el pasado jueves la decisión del juez Pedraz por "cerrar en falso" una investigación sin concluir.
El juez Santiago Pedraz ha archivado por segunda vez el caso del asesinato de Manuel Giménez Abad por la banda terrorista ETA el 6 de mayo de 2001 sin haber concluido la investigación. La paradoja reside en que el magistrado había aprobado que se pidiera a Francia la entrega temporal del etarra Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, para tomarle declaración y practicar una rueda de reconocimiento y comprobar si el testigo Borja Giménez hijo del expresidente del PP Aragón, que le acompañaba la tarde de su muerte le reconocía.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 fue recurrida el pasado jueves por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que el auto, dictado el pasado 29 de septiembre, es nulo. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señaló ayer a HERALDO que el juez "ha cerrado en falso la investigación" y por eso la han apelado al juez y a la Sala de lo Penal.
La fiscal Ángela Gómez-Rodulfo de Solís detalla que solicitó al juez instructor la declaración del etarra sospechoso y practicar la rueda de reconocimiento. A pesar de que el magistrado aceptó estas solicitudes el pasado 19 de agosto de 2015 y puso en marcha la entrega del terrorista de Francia a España, catorce meses después aún no se han pronunciado al respecto ni se han realizado. El juez ha decidido el archivo al haber transcurrido el plazo de instrucción de seis meses que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga para las causas que los magistrados no definen como complejas. Pero la fiscal replica al juez Pedraz que, aunque invoque el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permitiría archivar la causa en base a su falta de complejidad, esto no puede suponer "la consecuencia automática de la conclusión de la misma. Precisamente, el Ministerio fiscal le recuerda al instructor que ese mismo artículo, apartado 7, apunta que "las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos".
"Ninguna de las diligencias se han practicado aún pese a haberlo ordenado así el instructor, y no por una causa imputable a las partes del procedimiento sino por encontrarse pendiente la entrega de Mikel Kabitoiz Carrera Sarobe por parte de las autoridades francesas, una vez librada la correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega en agosto de 2015", resaltó el Ministerio fiscal.
La fiscal considera que la actuación del magistrado de dar por concluida la instrucción del sumario "supone una indefensión clara" tanto para el Ministerio público como para las acusaciones personadas (en este caso, la familia del presidente del PP de Aragón) "por la vulneración de una norma procesal."
Ante esta situación, en la que el magistrado deja en un limbo jurídico a las partes de la acusación, la fiscal insiste en que reitere la petición de entrega de Mikel Kabitoitz Carrera Sarobe a las autoridades francesas y que, antes de cerrar la instrucción, se tome declaración al etarra reclamado y se someta a la rueda de reconocimiento. Después la fiscal solicita que se lleven a cabo los actos procesales como "obligada consecuencia si los indicios resultaran claramente incriminatorios", con su procesamiento y, solo entonces, emitiera el auto de conclusión del sumario.
