El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha pedido una mayor implicación económica del Ministerio de Justicia en sus aportaciones para la adquisición de los equipos informáticos y la "exclusión" del proceso de modernización y digitalización de las sedes judiciales del debate político "para avanzar con una mayor rapidez".

Así se lo ha trasladado a la secretaria de estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, y al secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, con quien se ha reunido este martes, 11 de octubre, junto con la directa general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Angeles Júlvez León, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Guillén ha manifestado a los dos responsables ministeriales la plena disposición del Gobierno de Aragón a seguir colaborando en el proceso de modernización, a pesar de que ha considerado más bien escasas las aportaciones del ministerio.

La reunión ha tenido como objetivo avanzar en las posibilidades de implantación del denominado Sistema Integrado de Justicia, que puede ser "único o compartido" y "superaría la idea de la interoperabilidad para comenzar la etapa de la plena integración".

Se trataría de "un paso más en la gestión avanzada y perfeccionamiento del Minerva Digital". Este último supone la implantación del expediente judicial electrónico, que en estos momentos se está llevando a cabo en Aragón, en concreto en las sedes judiciales de la provincia de Huesca, tras una primera experiencia piloto en los dos juzgados de Barbastro.

Para sondear a las Comunidades autónomas, los dos responsables del Ministerio de Justicia están completando una ronda de entrevistas con los responsables de la Justicia de todas ellas.

La implantación del expediente judicial electrónico supone la culminación del proceso que comenzó con la obligatoriedad de la presentación de demandas y escritos por parte de los profesionales en formato electrónico, a través del sistema Lexnet, el pasado 1 de Enero.

Después, continuó con las sustituciones de los equipos de ordenadores para poder trabajar en Windows 7, a la vez que se realizaron cambios de versión en los sistemas de gestión de procesos y, por último, se activaron las funcionalidades del portafirmas y del visor documental facilitados por el Ministerio de Justicia que convierten el anterior proceso en proceso meramente electrónico.

La implementación del expediente judicial supondrá una importante inversión para el Gobierno de Aragón, cuantificada en unos 2.000.000 de euros. El resultado es que el propio expediente deja de ser un conjunto de documentos en soporte papel y pasa a ser un conjunto de documentos electrónicos con firma digital, con código de verificación seguro, información en formato electrónico, accesible para todos los intervinientes y donde el proceso de tramitación adquiere un papel protagonista, han detallado desde el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Aragón ha apuntado que el proceso de modernización de la Justicia a través de la implantación del Minerva Digital ha de completarse, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, a primeros del próximo mes de julio.