El TSJA decide este miércoles si prescriben o no algunos delitos del caso Kartódromo
En el caso están encausados el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decidirá este miércoles sobre la prescripción de delitos del caso Kartódromo, así como la competencia del jurado para ver este caso en el que están encausados el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza dictó el pasado mes de marzo la apertura de juicio contra García Becerril y Esco por cohecho y malversación en la compra de unos terrenos para integrarlos en la Plataforma Logística de la capital aragonesa.
Para el supuesto de que no se considerase para los dos acusados la concurrencia del delito malversación de caudales públicos, el magistrado entiende que subsidiariamente se trataría de un delito de apropiación indebida por administración desleal.
El juez consideraba que existían indicios de que hubo un concierto de voluntades para la compra de los terrenos entre estas dos personas con Santiago B.P., quien también figura como procesado por cohecho y es esposo de la propietaria de los terrenos, un antiguo kartódromo (circuito de karts).
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) celebra este miércoles una vista pública sobre este caso -una pieza separada del caso Plaza- para resolver las cuestiones previas planteadas por Ricardo García Becerril y por Plaza, como recurrentes, y como partes recurridas, Santiago B.P., Carlos Esco, la Comunidad de Aragón y el Ministerio Fiscal.
El Tribunal, ante las cuestiones previas planteadas, habrá de resolver sobre la prescripción o no de algunos de los delitos, sobre la acumulación de las causas y sobre la competencia del Jurado, han informado hoy fuentes del TSJA.
Según el auto de apertura de juicio oral, la acusación sostiene que los terrenos del kartódromo se adquirieron a un precio muy superior al de mercado, 6,3 millones de euros, 4 millones más de lo que fijó el perito judicial.
Un tribunal popular juzgará en la Audiencia Provincial este caso, que se produjo cuando Esco era consejero delegado de Plaza y viceconsejero del Gobierno del socialista Marcelino Iglesias.
Las diligencias de este caso, en el que están personados también como acusaciones el Gobierno de Aragón y la gerencia de la empresa pública Plaza, se abrieron por la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en abril de 2015.
En los fundamentos jurídicos del auto, el juez considera que en 2004 Becerril y Esco ofrecieron primeramente al propietario 4 millones de euros, un precio superior al del mercado, pero al negarse, lo elevaron finalmente a 6,3 millones de euros.
A cambio, según el juez, le pidieron a Santiago B.P. una comisión del 10 por ciento, un total de 661.110 euros, que se repartirían a partes iguales García Becerril y Esco.
