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Política

Guillén acusa a ZEC de bloquear la ley de capitalidad por la deuda del tranvía

El consejero de Presidencia dice que la norma está pactada "al 99%", pero no la llevará a las Cortes sin cerrar la financiación. La DGA abonará los 14 millones reconocidos al Consistorio si se regulariza el cobro del nuevo impuesto del agua en la capital.


El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, responsabilizó ayer al equipo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) del bloqueo de la ley de capitalidad. Guillén aseguró que el texto está pactado "al 99%", pero no hay acuerdo para iniciar la tramitación parlamentaria porque ZEC pone como condición cobrar la deuda del tranvía que reconoce la DGA, que asciende a catorce millones de euros. "El Ayuntamiento ha hecho algo que no me parece muy razonable", censuró.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Vicente Guillén puso de manifiesto que la ley está "prácticamente hecha", a falta de cerrar el mecanismo de financiación. No obstante, el modelo está igualmente muy avanzado y garantizará una aportación mínima a las arcas municipales de diez millones al año durante un periodo de cinco ejercicios. Esta propuesta daría estabilidad a los convenios que de forma recurrente se firman y cuyo importe están ahora al albur de la voluntad política.

El consejero de Presidencia se descargó así de cualquier tipo de responsabilidad por la parálisis en la tramitación de la ley de capitalidad. "Sé que abro una polémica, pero me gustaría que nadie me acusara de no haber cumplido con mi palabra de tener la ley en septiembre hecha y presentada en las Cortes de Aragón", subrayó.

Guillén recordó que se han mantenido más de una veintena de reuniones entre técnicos del Ayuntamiento y del propio Gobierno de Aragón, por lo que tan solo resta oficializar lo acordado. En este sentido, hizo hincapié en que el bloqueo de ZEC a la aprobación de la ley de capitalidad es una cuestión política que, aclaró, "en nada" atañe al contenido de la norma. Y añadió: "Es una cuestión que no afecta a la Consejería de Presidencia, sino a otros ámbitos del Ejecutivo y requiere de mucho diálogo entre la DGA y el Ayuntamiento".

El responsable socialista señaló que el desbloqueo no depende de su departamento, sino del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y del presidente aragonés, Javier Lambán.

El problema radica en que el Gobierno de Aragón no está dispuesto, por el momento, a desembolsar los 14 millones que adeuda de la financiación de las obras del tranvía mientras, a su vez, el Ayuntamiento regularice el cobro del impuesto autonómico de contaminación del agua (ICA)en la capital aragonesa. Esto implicará unos ingresos en torno a los doce millones de euros a las arcas municipales, compensando lo que tiene que desembolsar. Otra cuestión es que el Ayuntamiento eleve la deuda por el tranvía hasta los 40 millones.

El tira y afloja con el ICA se alarga desde que la DGA anunció su pretensión de cobrarlo a los zaragozanos, tal y como prevé aplicar la ley este año. En el Ayuntamiento se han negado a entregar del padrón fiscal de la tasa del agua a la DGA, necesario pa poder girar el polémico tributo. Los ciudadanos tendrán este año una bonificación del 70% –con lo que un hogar con un consumo medio debería abonar unos 26 euros– y en 2017 todavía será del 60%. El objetivo, según la DGA, es que no paguen más que el resto de los municipios aragoneses, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento también cobra una tarifa por el saneamiento.







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