Bellido: "Los corruptos son juzgados y condenados cualquiera que sea su estatus"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, ha asegurado este viernes que la actuación de los tribunales está haciendo posible que los responsables de corrupción sean juzgados, con normas y garantías penal, y condenados, cualquiera que sea su estatus y relevancia.

Así lo ha indicado en el discurso que ha pronunciado en el acto de apertura del año judicial en Aragón, que se ha desarrollado en la sede del TSJA, en Zaragoza, ante representantes políticos, militares y judiciales de la comunidad autónoma.

Bellido ha insistido en que gracias a esta actuación de la justicia y a pesar del "goteo constante" de casos de corrupción que se hace muchas veces "insoportable", no se debe de caer en el "desánimo colectivo", pensando que el problema es "sistémico".

Ha defendido la "garantía de la independencia" del poder judicial frente al poder político, que se acentúa cuando se trata de luchar contra la corrupción, que a su juicio es "una de las principales causas de la desafección ciudadana" y que "concita el más hondo reproche social".

Para Bellido, la corrupción ha encontrado en la justicia española "la más eficaz y contundente respuesta" desde la "rabiosa independencia" de los jueces, que "no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo". En cualquier caso, ha reconocido que esta actuación de la justicia es "insuficiente" porque tiene "carácter quirúrgico" y por eso debe estar precedida de "una regeneración de la gestión pública".

El presidente del TSJA, por otro lado, ha hecho hincapié en mejorar la eficacia de la justicia. Aunque la lentitud que se predica "no siempre se ajusta a la realidad", sobre todo en Aragón, donde los índices comparativos con otras autonomías y con la media nacional son "muy favorables" gracias al esfuerzo de los profesionales implicados, sobre todo en la jurisdicción civil.

Según sus datos, en 2015 Aragón ha presentado la tasa más baja de asuntos pendientes de toda España, ya que se registraron 192.585 asuntos y se resolvieron 199.965. No obstante, ha considerado "inaceptable" la demora en los procedimientos penales por delitos complejos o en los de familia o laborales. 

Para solucionarlo, Bellido ha reclamado el apoyo de los poderes públicos, a quienes corresponde dotar a la justicia de los medios necesarios, ha recordado. Y ha considerado "imprescindible" incrementar la planta judicial, que lleva años "congelada", para mejorar las ratios de número de jueces por 100.000 habitantes, que en España es de 11,1 (Frente a los 19 de Portugal o los 24 de Alemania) y que en Aragón se queda en 10,6.

Pero además de contar con más jueces, ha hecho referencia a "reformas estructurales" necesarias como modelos de colegiación de los órganos judiciales; replantear la distribución territorial de los órganos judiciales; estudiar una nueva demarcación y planta con criterios objetivos y no con intereses particulares, y culminar el proceso de modernización con la implantación de las nuevas tecnologías.

En este sentido, ha reconocido al Gobierno de Aragón su "decidida apuesta" por la implantación del expediente electrónico", una transformación que no es sencilla por las dificultades técnicas y por las reticencias que todo cambio genera en sus destinatarios pero que tiene ventajas "indudables".

Ha rechazado, además, la idea de que es posible una reforma tecnológica a coste cero, ha exigido que para implantar el cambio se cuente con la opinión de los profesionales que van a utilizar el sistema y se forme a los usuarios, y ha pedido que se mantenga el expediente judicial en papel hasta que el digital esté completamente implantado, puesto que un sistema mixto, a su juicio, "no es operativo".

En el acto también ha intervenido el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, quien ha coincidido en que la administración de justicia debe abandonar la "imagen decimonónica de despachos llenos de legajos de papel amontonado" con una implantación "total" de la comunicación telemática, aunque ha pedido que se implante "en los tiempos precisos" para no producir más disfunciones.

Rivera, además, ha repasado las novedades que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha introducido en el papel de los fiscales, sobre todo en su mayor intervención en la instrucción de los procesos.

A su juicio, el fin último debe ser que jueces, fiscales y letrados procuren "conjuntamente" que la instrucción sea rápida y eficaz", y ha reconocido que aunque esta colaboración "no empezó con buen pie", el "bien juicio y sentido común" han hecho posible superar las diferencias.

Rivera también ha alabado el "acierto" que tuvo el Gobierno de Aragón al crear la unidad de apoyo al fiscal superior, "indispensable" para la coordinación entre el ministerio fiscal y la comunidad y que, ha dicho, es puesta "como ejemplo" por la Fiscalía General del Estado.