La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha apostado por modificar el protocolo de puntos de encuentro familiar "con serenidad y tranquilidad", espacios que han sido utilizados "por más de 9.000 mujeres" y que "sustituyeron al momento difícil y dramático en el que hombres y mujeres tenían que intercambiar a sus hijos en centros educativos o comisarías de policía".

En repuestas a una interpelación parlamentaria formulada por la diputada de Podemos, Amparo Bella, en el pleno de las Cortes de Aragón, ha consejera ha recalado que estos puntos "son un gran avance" y ha señalado que el "incidente lamentable" que tuvo lugar este verano, en el que falleció una mujer a causa de las puñaladas dadas por su exmarido a las puertas de un centro de atención integral a las familias, "no sirva para condenarlos".

Ha añadido que los profesionales que trabajan en ellos "han hecho una gran labor" y ha pedido "no criminalizar" este servicio. Por otra parte, ha estimado importante la elaboración de la ley de igualdad entre hombres y mujeres de Aragón, en la que se trabaja, y la creación de una comisión interdepartamental para revisar el protocolo de prevención y erradicación de la violencia de género.

También ha añadido algunas medidas ya tomadas, como el incremento en el 22 por ciento de las partidas de protección de las mujeres víctimas de violencia machista y el aumento el 30% del presupuesto para la red de alojamientos alternativos este año, además de "evitar el cierre del piso tutelado de Ejea de los Caballeros" y recuperar el Observatorio aragonés sobre la violencia de género.

La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha señalado que lo ocurrido este verano "no es un incidente, es indignante" y ha advertido de que hay "quejas de usuarias de puntos de encuentro" que han sido comunicadas a los servicios de los municipios y comarcas por lo que querido saber si el Departamento tiene constancias de ellas y "ha realizado encuestas de calidad para ver el grado de satisfacción de la atención que reciben".

A su entender, estos lugares sufren "deficiencias e inadecuación" y habría que "cambiarlos y revisarlos" y modificar el decreto que los regula. Además, ha opinado que hay "poco interés y apoyo a las mujeres" en materia de seguridad a ellas y sus hijos ante la violencia machista, con "falta de presupuesto, personal y externalización de servicios", cuando "el machismo extremo sigue campando a sus anchas y asesinando".Campamentos juveniles

En otro orden de cosas, la consejera Broto ha respondido a una pregunta de la diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, a quien ha informado de que el decreto de 1997 que regula las acampadas juveniles se va a reformar, tras 20 años de aplicación.

Ha aclarado que "no hay laguna legal" ya que existe esta normativa y se inspeccionan todos los campamentos, en los que este año han participado más de 25.000 niños y jóvenes, con "lo que supone para la economía y conocimiento de las zonas" donde se celebran.

Por su parte, la diputada del PAR ha sostenido que existe "inseguridad jurídica y falta de normativa" ya que el decreto de campings de Aragón excluyó a las acampadas juveniles y escolares porque es un ámbito que corresponde al Instituto Aragonés de la Juventud, de forma que "están en un limbo normativo y sin protección".

Según ha dicho, "han pasado 13 meses de gobierno para poder regularlos a través de un decreto u orden", algo que "se hace rápido, si hay interés en proteger la seguridad y la calidad de los mismos, actividades que se han incrementado notablemente en los últimos años", ha detallado Allué.Centro del buen pastor

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha respondido a otra pregunta de la diputada de Ciudadanos, Desiré Pescador, sobre el antiguo centro de reforma 'El Buen Pastor', ubicado en el barrio de Valdefierro de Zaragoza, en el que ha indicado que se va a continuar con la escuela taller de jardinería para intervenir en ese barrio, en concreto, en el exterior de la residencia San Jorge, dotada con 336.000 euros.

Ha agregado que si bien la asociación de vecinos y otras entidades de iniciativa social "se han interesado por el edificio para una cesión de uso", esta tendría que hacerse con el estado actual del inmueble, que "no está en condiciones de ser utilizado", mientras que desde la Administración "en este momento no podemos llevar a cabo una inversión para que pueda transformarse".

Pescador ha señalado que el edificio lleva "diez años en situación de total abandono" y ha sufrido "actos vandálicos que lo han expoliado poco a poco" por lo que, junto a la escuela taller, y dadas su "considerables dimensiones", puede recibir más utilización, como han reclamado entidades del barrio.