La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha asegurado que los problemas en el Centro de Orientación y Acogida de menores (COA) Cesaraugusta son ya "eminentemente y exclusivamente laborales", después de las modificaciones realizadas en el pliego de condiciones del contrato.

Broto ha comparecido en las Cortes, a petición de Podemos, para explicar la situación en este centro, cuyos trabajadores llevan en huelga desde noviembre de 2014 al entender que no es posible atender las necesidades de los menores con las condiciones recogidas en los pliegos de condiciones de la adjudicación del contrato, a cargo de la empresa Intress.

La consejera ha insistido en que quien creó el problema fue el anterior Gobierno, que redactó los pliegos del contrato y lo adjudicó basándose en criterios "economicistas" y no "técnicos ni educativos".

Cuando Broto llegó al gobierno, en julio de 2015, sólo restaba la firma, que tuvo que asumir porque se cumplían los requisitos legales y para no incurrir en un delito de prevaricación, pero que nunca le ha gustado el contrato porque iba en la línea del "desmantelamiento de las políticas sociales" que había llevado a cabo el PP.

Su obligación, por tanto, según ha relatado, es gestionar el contrato "de la mejor manera posible", después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) y el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo hayan avalado.

Pero sí que se ha ocupado de mejorarlo "en beneficio de los menores", con modificaciones en los regímenes de visitas y de los turnos, de los gastos extraordinarios de los menores y de la atención a las familias.

Por eso ha insistido en que el conflicto que mantiene el colectivo 'Educadores en lucha' es ya solo laboral, basado en dos cuestiones: la doble escala salarial de los trabajadores contratados por la anterior gestora (FAIM) en relación con los nuevos, contratados por la actual (Intress), y la petición de autogestión, algo que no se puede plantear, según Broto, porque esa tarea es responsabilidad de la empresa como adjudicataria.

Broto, además, ha precisado, ante las denuncias de los trabajadores, que éstos no conocen el proyecto técnico educativo porque "no han querido", ya que al estar en huelga "no acuden a las reuniones" con la empresa para debatirlo y conocerlo.Críticas de la oposición

La diputada de Podemos Amparo Bella, por su parte, se ha referido a "los conflictos, la agresividad y la violencia" que se producen en el COA, con una "gravedad manifiesta" que ha requerido incluso la intervención policial, al tiempo que ha denunciado "contrataciones irregulares", en una especie de "película carcelaria con continuas violaciones de derechos", algo que ha negado Broto.

Según la consejera, es necesario no dar publicidad a estos hechos para no estigmatizar a los niños acogidos, pero a renglón seguido ha asegurado que desgraciadamente conflictos "los ha habido y los habrá siempre" por las diferentes tipologías de los menores protegidos.

Así, ha dicho que en 2014 se produjeron 281 incidentes y concretamente en agosto hubo 18 fugas con retorno, 10 sin retorno, 25 denuncias del centro y 7 arrestos policiales.

Pero Bella, ante este "maltrato institucional" y a la espera de una modificación integral del sistema de protección de menores, ha instado a la consejera a adoptar soluciones valientes: dotar de forma suficiente el contrato; cambiar los pliegos de la adjudicación para primar el componente educativo; activar las comisiones de evaluación (que según Broto ya funcionan); incrementar los recursos residenciales; potenciar la colaboración administrativa, y eliminar la doble escala salarial.

Por parte de los demás portavoces, Patricia Luquin (IU) y Ana Marín (PP) han negado que se trate solo de un conflicto laboral, y la primera ha considerado que las medidas adoptadas "no han solucionado" el problema.

Marín ha señalado que cuando Broto estaba en la oposición "abanderaba" a los 'Educadores en lucha', pero ahora está "en silencio", al tiempo que se ha preguntado por las razones por las que la consejera firmó la adjudicación si su gobierno no hizo lo mismo, por ejemplo, con los contratos de los hospitales de Alcañiz y Teruel.

Para Elena Allué (PAR), hay en este asunto tres problemas: la forma en la que se adjudicó el servicio, las "tensas relaciones" entre el personal del centro y el de la consejería, y el propio modelo de protección de menores.

Y por Ciudadanos, Desirée Pescador ha dicho que es "evidente" que los esfuerzos de Broto para solucionar este asunto "no son del todo eficaces", motivo por el que ha apostado por seguir con la vía del diálogo, y ha estimado que aunque el problema no lo ha generado el actual gobierno, éste no debería usar la "herencia" para no afrontarlo.