Una asociación recurrirá la oferta de empleo público de Aragón

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ha acordado promover un recurso contencioso-administrativo contra la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El recurso es contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, al considerar que es contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, informa la Asociación en una nota de prensa.

La Asociación señala que reacciona así "frente a la resistencia mostrada por el Gobierno de Aragón para llevar a efecto las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como si el interés público defendido por el Ejecutivo autonómico pasase por impedir la aplicación de la legalidad en materia de acceso a la función pública, y mantener e incrementar la precariedad del personal al servicio de la Administración Pública.

En este sentido indica que se han alcanzado tasas de interinidad que rondan -según los propios datos facilitados por la Administración autonómica- el 40% del total de la plantilla.

Son ya cinco las ofertas de empleo público que esta Asociación ha logrado declarar nulas e ilegales por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Por este motivo, no hay razón para admitir que la Oferta de 2016 vuelva a reincidir en los defectos reiteradamente señalados por los Tribunales.

El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, debería explicar a los ciudadanos, y no a los sindicatos, las razones por las que se niega a ejecutar las sentencias favorables al derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública, incide la citada nota.

Además consideran que estas actuaciones el Ejecutivo está desatendiendo "de forma absoluta" los criterios fijados en los fallos condenatorios relativos a las ofertas de empleo público de 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015.

También cree que debería explicar el Gobierno de Aragón las razones que le llevan "a no aplicar, como hizo el anterior Ejecutivo en relación con las ofertas de 2007 y 2011, sentencias favorables al respeto del derecho de los ciudadanos, y el injustificable empeño de procurar su revocación para impedir la efectividad del derecho y agravar la temporalidad en la función pública y la discriminación laboral que la misma lleva aparejada".

Para la asociación lo que puede explicarlo es "la sumisión a los irracionales dictados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en materia de oferta de empleo público" la conducta del Gobierno de Aragón.

"La pretendida contención del gasto público se esgrime como único y falaz argumento, año tras año, para deteriorar de manera reiterada la profesionalidad y la calidad de la Administración, es decir, del conjunto de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos", concluye la nota.