Zaragoza Alta Velocidad está al borde de su disolución con una deuda de 262 millones

La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) está al borde de su disolución, una decisión que se adoptará en un mes si no se alcanza antes un acuerdo político para equilibrar sus cuentas con otra inyección económica. Su repercusión sería directa para las arcas públicas, ya que las tres administraciones que forman parte del accionariado –el Estado (50%), la DGA (25%) y el Ayuntamiento (25%)– estarían obligadas a asumir directamente los 262 millones que ZAV debe a los bancos.

La compañía debería devolver el dinero solicitado en su día para pagar las obras ferroviarias y urbanas del denominado convenio del AVE con la venta de suelo, pero las reiteradas subastas han acabado en un fiasco. Las fallidas ventas, unidas a la depreciación del suelo ferroviario que debería enajenarse, han provocado unas pérdidas de 44 millones de euros en el último ejercicio y con ello un desequilibrio patrimonial al que solo se puede hacer frente con otra inyección económica para evitar la disolución.

El consejo de administración y la junta general de accionistas de Zaragoza Alta Velocidad trataron la grave situación en sendas reuniones celebradas el pasado mes de julio, de las que ninguno de los socios ha dado cuenta, hasta el punto de existir un pacto de silencio. Los representantes de las tres administraciones están convocados a una nueva junta dentro de un mes para tomar una decisión definitiva: o se aprueba una operación acordeón para reequilibrar el patrimonio neto de la sociedad (consistente en reducir a cero el capital social y hacer seguidamente una ampliación) o se acuerda la disolución, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital.

Fuentes de ZAV señalaron ayer a este diario que las "graves dificultades financieras" del Ayuntamiento para hacer frente a las aportaciones millonarias comprometidas llevó a la sociedad pública a negociar de nuevo con los bancos para ampliar el vencimiento de la deuda hasta 2025, de modo que el esfuerzo anual de los socios fuera asumible para las arcas municipales.

Como ya informó este diario, tras 25 reuniones y más de 250 intercambios de documentación con las entidades financieras se planteó que el Estado anticipara el pago de su parte de la deuda, 99 millones de euros mediante un préstamo participativo, mientras los otros dos socios debían desembolsar 16,3 millones. De este modo, la refinanciación permitía equilibrar las cuentas, ahorrar millones en intereses y dar oxígeno a la DGA y especialmente al Ayuntamiento al alargar el plazo para devolver su parte de 2019 a 2025. Para hacerse una idea, solo el gobierno de ZEC tiene que afrontar el pago de algo más de 100 millones de 2016 a 2019.

La situación se ha complicado este mismo verano, cuando sendos informes de la Dirección de la Asesoría Jurídica del ADIF y del coordinador de la Abogacía del Estado "no consideran como la fórmula más conveniente para lograr el reequilibrio patrimonial la concesión de préstamos participativos". De hecho, el Estado acaba imponiendo la fórmula aconsejada por sus juristas: la citada operación acordeón, con una reducción a cero de su actual capital social de 30,6 millones y de forma simultánea una ampliación de capital "al menos" por el mínimo legal, fijado en 60.000 euros. La hipótesis analizada en el consejo de administración es aumentar el capital en otros 30,6 millones.

El objetivo irrenunciable para el Gobierno central es que los tres socios hagan sus aportaciones en proporción a su participación y acompañar la operación acordeón "con otras aportaciones, la reestructuración de la deuda o la novación del contrato de crédito".

En el consejo de administración se dejó muy claro, y quedó recogido por escrito en el acta, que "de no poderse hacer frente a los desembolsos por alguno de los accionistas", tal y como exige la normativa para afrontar un reequilibrio patrimonial de una sociedad, se convocaría una junta general de accionistas "al objeto de proceder a adoptar el acuerdo de disolución".

La reunión ya está convocada para septiembre y aún es una incógnita de difícil resolución saber si se lograr salvar Zaragoza Alta Velocidad. El problema, ya expuesto en el consejo de administración, es que al Ayuntamiento le es "imposible" desde el punto de vista jurídico y económico abordar una ampliación de capital: mientras esté sujeto a un plan de ajuste, no puede acudir a una ampliación, ya que supondría incumplir la Regla de Gasto y una de las disposiciones de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen. Por si hubiera alguna duda, los ediles Pablo Muñoz y Fernando Rivarés aportaron un informe específico de la Intervención.