Hacienda previene a Aragón sobre los gastos de personal y los ingresos por impuestos

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha remitido una carta a la DGA.

La desconfianza  entre los socialistas y podemistas ha marcado la relación, hasta el punto de que Pablo Echenique remitió una carta al presidente Lambán en febrero en la que recordaba el incumplimiento de varios acuerdos, como el recorte de asesores, que el líder socialista niega.
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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido un carta al Gobierno de Aragón en la que le previene sobre la evolución de los gastos de personal, que pueden subir por encima de tasas superiores a la subida general retributiva, y sobre los ingresos por algunos de los impuestos cedidos.


Beteta ha remitido cartas a siete comunidades para garantizar el cumplimiento de los objetivos del déficit, una de ellas al vicepresidente económico catalán, Oriol Junqueras, en la que le pide más control del gasto del personal.


Las siete comunidades que han recibido una carta del Ministerio de Hacienda son Cataluña, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria y en ellas se les recuerda que deben cumplir los acuerdos de no disponibilidad, así como otras medidas para conseguir que el déficit no supere el 0,7 por ciento este año.

Según las cartas enviadas los últimos días -la de Junqueras tiene fecha de 1 de agosto-, la información que solicitan sobre esas medidas adicionales que tienen que tomar deben ser remitidas al Ministerio antes del 5 de septiembre.


Advierte de que si no se cumplen los compromisos adquiridos en el Plan de ajuste acordado con cada comunidad, será ésta, "en la parte en la que le sea imputable", quien asuma las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea y otros compromisos internacionales.


Beteta precisa que, según los últimos datos disponibles de la ejecución presupuestaria de cada una de estas comunidades, se observa "con preocupación la existencia de posibles riesgos y desviaciones" en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.


En la dirigida a Junqueras se muestra preocupado por la evolución de los gastos de personal y con los gastos corrientes en bienes y servicios, especialmente los relacionados con el gasto sanitario.


Pide información específica sobre los procesos judiciales que pudiera determinar en 2016 "algún impacto" en la necesidad de financiación de la Generalitat, en concreto por el recurso interpuesto por Agbar por la privatización de la gestión de Aigües del Ter-Llobregat.


A Extremadura le advierte de riesgos sobre ingresos y gastos relacionados con los fondos europeos en este ejercicio y de "tensiones" en el capítulo relativo al Servicio de Salud.


Los riesgos para la Comunidad Valenciana de incumplir los objetivos radican en el comportamiento de los ingresos por transferencias corrientes y de capital y debe atender especialmente la evolución actual en el capítulo de gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios.


Añade que debe cuidar la asunción de compromisos de gastos adicionales, así como a los ingresos y gastos asociados a los fondos de la UE, lo mismo que aconseja a Murcia, a quien también Beteta pide que controle los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias corrientes, especialmente las relacionadas con las partidas relativas al gasto sanitario.


El secretario de Estado aconseja a Cantabria que se concentre en la evolución "esperada" de los ingresos por impuestos indirectos de gestión propia, tasas y precios públicos, así como los previstos por transferencias de la Administración General del Estado y que, en los gastos, cuide los relacionados con los bienes y servicios, especialmente en sanidad y educación.


La carta remitida a Castilla-La Mancha, también fechada el pasado día 1, es la más corta y en ella agradece la disposición de la comunidad, trasladada en una reciente videoconferencia, de cumplir con el objetivo de estabilidad previsto.


Les cita a una reunión a primeros de septiembre para valorar la situación y solicita información específica, antes del 2 de septiembre, sobre las previsiones de ingresos por algunos tributos, el impacto de los fondos europeos en la comunidad, las actuaciones para reajustar compromisos de inversiones y sobre los procesos judiciales que puedan tener impacto en sus cuentas.

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