Medio millar de personas son condenadas cada trimestre a realizar trabajos en beneficio de la comunidad

La privación de libertad es la pena más grave que puede decretar el Estado contra una persona que infringe la ley. Por ello, está considerada la última medida aplicable y, siempre que es aconsejable y los jueces lo estiman conveniente, deciden aplicar otro tipo de penas. En este segundo grupo destacan los llamados trabajos en beneficio de la comunidad (conocidas por las siglas TBC), una figura poco conocida por gran parte de la sociedad pero que existe y se aplica con relativa frecuencia.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), dependiente del Ministerio del Interior, es la encargada de gestionar la aplicación de estos programas y periódicamente elabora estadísticas. Una publicación reciente permite saber que en el primer trimestre de este año se decretaron en Aragón hasta 506 medidas de este tipo sobre otras tantas personas. En todo 2015 se acercaron a las 1.500.

Esta alternativa al ingreso en prisión no se puede aplicar, como es lógico, a todos los delitos. Se ha de tratar, en todo caso, de delitos leves (las antiguas faltas) relacionados con la seguridad vial, la violencia de género, ilícitos penales contra el patrimonio y faltas y lesiones.

Sobre el tipo de trabajos a desarrollar, "no existe limitación", de acuerdo con la información facilitada por la SGIP. La única premisa a tener en cuenta es que se trate de "un trabajo digno" y, particularmente, puede estar enfocado al apoyo o asistencia a víctimas de un delito similar con la infracción cometida. Por ejemplo, si una persona comete una infracción de tráfico su trabajo en beneficio de la comunidad puede consistir en acompañar a víctimas de accidentes que han sufrido lesiones.

Hombre de mediana edad e infractor de la ley de Tráfico

El perfil medio del trabajador en beneficio de la comunidad es un hombre de entre 26 y 45 años de edad, nacionalidad española y que ha sido autor de un delito contra la seguridad vial. De los 506 trabajos en beneficio de la comunidad decretados en Aragón entre enero y marzo de este año, 244 se correspondían con este tipo de delitos.

Como también sucede a nivel nacional, la mayoría son hombres (de los 506 trabajos en 466 casos el protagonista era un varón). En Aragón, el año pasado, hubo hasta 477 destinos diferentes para desempeñar estas tareas. Su tipología es muy variada, desde entidades locales, pasando por centros penitenciarios, centros de inserción sociales, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones declaradas de interés público.

La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas, integrada en la SGIP, es la encargada de divulgar el trabajo que realizan y conseguir adhesiones de entidades, "sobre todo de ámbito local". Para ello, periódicamente organiza "sesiones informativo-formativas, por áreas geográficas con entidades del tercer sector y sesiones específicas en las diputaciones, delegaciones o subdelegaciones del Gobierno".

Como es natural por la población que acoge, Zaragoza es la provincia en la que más medidas de este tipo se decretan. En el primer trimestre de 2016 representaron el 64,6% del total. Con respecto a los últimos trimestres de 2015, este año se ha producido un incremento sustancial de los trabajos para la Comunidad en Aragón, pues en el tercer y el cuarto trimestre del año pasado las medidas gestionadas por el servicio de penas se situaron en 339 y 321, respectivamente.

"Los trabajos en beneficio de la comunidad tienen una esencia reparadora", se alega desde la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas. "Para quienes la realizan, tiene una función reeducativa a la vez se hace algo útil, provechoso, necesario. Para la comunidad, para la sociedad, tiene una finalidad restitutiva a la vez que ejemplarizante e integradora", agregan.