Los "puntos calientes" de encuentro familiar

Alexandra S. fue asesinada este domingo a las puertas de un punto de encuentro familiar. Tenía que llevar allí a su hijo, de cinco años, para que su exmarido lo recogiese en el mismo sitio veinte minutos después. Los tiempos estaban calculados para que no coincidiesen. Pero él llegó antes y los esperó en la puerta.

Sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento por malos tratos hacia la víctima pero la normativa internacional y las leyes civiles aragonesas defienden de forma expresa el derecho de los hijos a mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular con sus dos progenitores.

Los puntos de encuentro familiar son el único recurso que posibilita la entrega y recogida de hijos sin que los progenitores entren en contacto. O ese, al menos, es uno de sus objetivos. El problema es que en casos de violencia intrafamiliar y de cónyuges violentos se convierten en "inevitables puntos calientes", tal y como los define Antonio Muñoz, coordinador del Servicio de Atención a la Mujer en el Colegio de Abogados de Zaragoza (SAM): una persona malintencionada citada para recoger o dejar allí a un hijo sabe que dentro de una horquilla de tiempo muy limitada pasará por allí su expareja para hacer justo lo contrario.

En Aragón hay cinco centros que sirven como puntos de encuentro familiar: dos en Zaragoza, uno en Huesca, uno en Teruel, uno en Alcañiz y otro en Calatayud. El de 'Zaragoza centro' es el más concurrido y tiene entre 600 y 850 beneficiarios potenciales, es decir, menores que se encuentran allí con sus parientes a falta de otra alternativa posible y como consecuencia de la decisión de un juez o del servicio de menores. Debido al gran volumen de usuarios, este centro de Zaragoza capital es el único que cuenta, además, con un piso de apoyo para atender allí a algunas de las familias.

"Los puntos de encuentro familiar ejercen una labor fundamental para permitir el desarrollo del régimen de visitas cuando existe una orden de alejamiento -defiende el coordinador del SAM-, pero es cierto que es un punto caliente porque el agresor que quiere hacer daño sabe que la víctima va a acudir allí".

En los PEF trabajan psicólogos, trabajadores sociales y abogados, pero la relación de personal que exige el Gobierno de Aragón a las fundaciones que los gestionan no incluye puestos de seguridad privada. De todas formas, abogados del sector consideran que esta medida tampoco solucionaría nada: "Un enfermo que quiere hacer daño va a encontrar la manera de hacerlo. Si no espera a la víctima en la puerta la esperará a mitad de la calle o un poco más allá", lamenta Felipe Mateo Bueno, abogado especializado en conflictos familiares y defensor de varios progenitores usuarios de puntos de encuentro familiar. "Es un tema muy complicado. Están bien organizados porque los padres no tienen por qué coincidir a no ser que lo hagan premeditadamente. Los puntos de encuentro son un mal necesario", zanja el abogado.

"Debería sentirme protegida"

Al otro lado se posicionan varias usuarias que han contactado con Heraldo.es a raíz del asesinato de Alexandra. Una de ellas, para la que usaremos el nombre ficticio de Felisa, dice estar pasando por "un calvario" por tener que llevar allí a su hijo cada quince días. "Su padre está denunciado por violencia de género y yo me he tenido que encontrar allí tanto con él como con su familia. En teoría deberíamos entrar cada uno por una puerta para no cruzarnos y sentirme protegida pero no siempre es así", denuncia esta zaragozana.

Otra usuaria critica "la mala planificación" de los PEF ya que pese a estar creados para evitar el contacto, producen todo lo contrario: "Se entra por la misma puerta, se ha coincidido en el ascensor y en uno se coincide en un aparcamiento mal iluminado, lo raro es que no pasen más desgracias".

A día de hoy, el 95% de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista en Aragón tienen aprobado un régimen de visitas a sus hijos. En estos casos, o bien se utiliza una persona interpuesta o bien se recurre a un punto de encuentro para que el denunciado no se acerque al domicilio de la víctima. En las localidades alejadas de los PEF se buscan otras alternativas y a veces se usan los puestos de la Guardia Civil o los centros comarcales de servicios sociales para realizar el intercambio.

En los PEF se producen tres modalidades de visitas: las supervisadas, en las que un técnico está presente en todo momento, las no supervisadas con pernocta, en las que el progenitor se lleva al menor un día y lo devuelve al siguiente, y las no supervisadas sin pernocta. Esta última modalidad es la que más cruces indeseados propicia y era el caso de Alexandra. Según ha informado el Gobierno de Aragón la víctima mortal fue dos veces al PEF el sábado: una para llevar a su hijo y otra para recogerlo. El domingo estaba a punto de dejar al niño allí para facilitar otra visita con su padre cuando éste la agredió.