Los pleitos abiertos para reclamar la devolución del patrimonio artístico del monasterio de Sijena retenido en Cataluña han experimentado en la última semana avances decisivos, a diferencia de lo que ocurre con el litigio por los 112 bienes del obispado de Barbastro-Monzón y los de Berbegal y Peralta de Alcofea. Todos siguen secuestrados en el Museo de Lérida y desde hace más de medio año ni siquiera ha habido contactos entre el Gobierno de Aragón y los obispos para desbloquear un conflicto que ya ha cumplido 21 años.

La última reunión entre la consejera de Cultura, Mayte Pérez, y los representantes eclesiásticos data del pasado 25 de noviembre. Desde entonces, la única noticia que han recibido de los obispos, lamenta el Ejecutivo PSOE-CHA, ha sido el recurso que presentaron todos los prelados aragoneses ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión de eliminar la asignatura de Religión del horario lectivo de segundo de bachillerato. El enfrentamiento por este asunto ha generado gran malestar en la DGA.

Por lo que respecta a los bienes, desde Cultura señalan que se les ha ido informando de los pasos dados "por deferencia", pero por parte de las diócesis no se ha comunicado ninguna novedad, aunque en el último encuentro se comprometieron a hacerlo.

En esa reunión estaba previsto que la DGA y los dos obispados acabaran de perfilar una estrategia conjunta que recogiera, entre otras acciones, la adopción de medidas judiciales para recuperar las piezas procedentes de las parroquias aragonesas. Su propiedad ya ha sido reconocida tanto por los tribunales eclesiásticos como por los civiles.

Pero en el último momento, las diócesis decidieron aparcar estos planes y dar la enésima oportunidad a la vía del diálogo. Querían aprovechar el "nuevo clima" propiciado por el relevo en la sede ilerdense, a la que accedió Salvador Giménez Valls en septiembre, y el nombramiento como arzobispo de Barcelona del turolense Juan José Omella, exprelado de Barbastro-Monzón. Así las cosas, ambas partes quedaron en verse con la consejera después de Navidad, pero no ha habido ninguna cita ni han trascendido avances.

En noviembre, el abogado de los obispos, Joaquín Guerrero, reiteró que si las conversaciones no prosperaban se estudiaría actuar judicialmente "contra quien se niegue a devolver esos bienes". Y parece que esa idea sigue encima de la mesa, aunque el obispo barbastrense, Ángel Pérez Pueyo, siempre ha rehuido públicamente esta opción. Mientras, el vicario de la diócesis oscense, Nicolás López, insistía hace un mes en que seguían "haciendo las gestiones oportunas". "Es un asunto importante y lo queremos solucionar cuanto antes", dijo.

No obstante, los ayuntamientos que esperan el retorno de su patrimonio dudan de que estén haciendo todo lo posible. La alcaldesa de Peralta, Obdulia Gracia, recuerda que en diciembre el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica les informó de que la competencia para ejecutar la sentencia de devolución que en 2007 dictó este órgano es de la Congregación para los Obispos, e incluso les facilitó la relación de los 16 abogados canonistas que pueden ejercer procesalmente ante las instancias romanas. "Lo mandamos a los obispados de Huesca (del que dependen Peralta y Berbegal) y Barbastro-Monzón, pero no hemos recibido ninguna noticia suya y no sabemos si van a iniciar ese proceso o no, o sin han hablado con el Vaticano", se queja.

Y lamenta que las diócesis tampoco quisieran ceder a la DGA los poderes para reclamar los bienes en su nombre, como sí hicieron las monjas sanjuanistas, con lo que ya se han logrado dos sentencias sobre Sijena favorables a Aragón.